A Emanuele Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Washington DC (EEUU), le hubiera gustado que el canciller nacional Luis Castiglioni “pudiera dar una opinión más correcta, fundada y con conocimiento, en lugar de haber reaccionado exigiendo pruebas respecto a la afirmación de que en Ciudad del Este hay grandes bienes relacionados con el grupo terrorista Hezbollah y al lavado de dinero”, una de las declaraciones que formuló el lunes pasado el ex congresista norteamericano Robert Pittenger, durante el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad celebrado en Asunción.
“Hay grandes bienes aquí relacionados con Hezbollah en Paraguay, eso no puede ser tolerado, se debe ir más allá y congelar los bienes, arrestar a los individuos y procesarlos”, expresó Pittenger.
Castiglioni reaccionó afirmando que ese es un tema del que hay que hablar con pruebas, y se preguntó: “No sé a qué pruebas se refiere. ¿Cuáles son las cuentas, a nombre de quién están, dónde están, en qué banco?”.
Ottolenghi, quien investigó por varios meses el movimiento en la zona de la Triple Frontera, y ha informado al respecto al Congreso de los Estados Unidos, dice que “hay un edificio, un palacio de pruebas, que son de dominio público, sobre la presencia de Hezbollah” en esa región, donde confluyen territorios paraguayo, argentino y brasileño.
Además, dice que hay muchos casos que se están investigando de tráfico ilícito de marcas falsificadas, de lavado de dinero, de tráfico de droga o de lavado de dinero del tráfico de drogas pasando por empresas de la Triple Frontera. Y en estas mismas investigaciones se alude al apoyo material a Hezbollah, pasando por estos sistemas.
“Pruebas no faltan; hay mucho material”, insiste, y agrega que lo que habría que preguntar públicamente a los gobernantes de los países con jurisdicción en la Triple Frontera es “si hay un problema de complicidad y colusión de las autoridades de los tres países, o falta el conocimiento del tema o los medios y los recursos para combatir este fenómeno”.
Dirigiéndose a las autoridades paraguayas, les plantea que revisen sus declaraciones. “Sobre todo en este momento muy delicado para el Paraguay, cuando se va a hacer una evaluación internacional en el tema de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”. El comercio de las mercaderías que se utilizan en el blanqueo (lavado de divisas), su venta, y las ganancias que salen de este comercio es un problema local de la Triple Frontera, “porque ahí se maneja el dinero, ahí entran las mercaderías, y sale el dinero de este tráfico”. Por eso, dice, es muy importante que se reconozca el tema y se tomen medidas.
Por eso, considera cuanto menos “problemático” lo que declaró al canciller “utilizando palabras que sugieren que él no cree que hay pruebas”.
Más aún, cuando existen casos donde las evidencias salieron de investigaciones de agentes fiscales y de las fuerzas de seguridad paraguayas. Pruebas que están en la base de procesos en curso en los Estados Unidos.
“Son materiales que están públicos, y el canciller puede acceder a ellos para formarse una opinión fundada y no de orgullo herido”, expresó.