El control ciudadano y de los medios de prensa sobre las compras realizadas en la época de pandemia favoreció a que saltaran a la luz las roscas que operan en sistemas de contratación con el Estado. Cada vez se confirman más irregularidades por parte de entes de control, como Fiscalía, Contraloría y la misma Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Los tres casos principales están relacionados a adquisiciones de Salud Pública, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y Petróleos Paraguayos (Petropar), en las que se detectaron hechos como direccionamiento y aparición de empresas fantasmas, ya sea como proveedoras mismas o como parte de esquemas montados para inflar precios de productos.
La compra de insumos y camas por parte de la cartera sanitaria, según concluyen las investigaciones realizadas por Contraloría y la Dirección de Contrataciones, estuvo viciada de múltiples irregularidades en prácticamente todo el proceso. Las firmas adjudicadas, Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, ambas vinculadas al “clan Ferreira”, tuvieron que haber sido descalificadas, considerando que incumplieron en más de una ocasión los términos del llamado. Sin embargo, esto no ocurrió en el inicio.
Ambas firmas cotizaron sus ofertas por ítems y no por lote, como había sido establecido, y no cumplieron con la presentación de muestras de productos en la apertura de ofertas.
Incluso, se habló de indicios de colusión o un pacto ilícito en el marco del proceso, considerando que los representantes legales de ambas empresas son hermanos, Patricia y Marcelo Ferreira.
Sin embargo, se las eligió como proveedoras en el marco de un largo y cuestionado proceso, en el cual hay varias dudas sobre los pasos seguidos y las fechas reales en que se tomaron las decisiones de cada etapa del procedimiento. Tanta fue la polémica que el Ministerio de Salud Pública acabó rescindiendo el acuerdo de forma total y dispuso el sumario de siete de sus funcionarios.
Más irregularidades.
En los casos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y Petropar, que compraron mascarillas y otros insumos (como agua tónica) en el marco de la emergencia sanitaria, la Fiscalía ratificó la presencia de las conocidas como empresas de maletín, que cumplieron dos roles diferentes.
Una de ellas es la firma Proyectos Global SA, que proveyó a la Dinac de 4.000 unidades de mascarillas por un total de casi G. 120 millones. La empresa debutó como proveedora del Estado, pero luego se dio a conocer que la misma solo existía en papeles y que fue parte de una red que infló significativamente el precio de los tapabocas, vendidos al doble del costo de referencia y que además estaban vencidos.
En el caso de Petropar, el Ministerio Público tiene en la mira a la empresa Fortaleza Agropecuaria Industrial SA, que aparentemente también es de maletín y actuó como una intermediaria entre la firma que produce el agua tónica y la que acabó siendo proveedora de la compañía estatal, Solumedic SA. Petropar compró un total de 5.000 botellas a un costo de G. 5.000 por unidad, precio inflado en más de 300%.
Bajo lupa.
Otro punto llamativo del caso es que para justificar la operación, en su momento, Patricia Samudio, ex titular de la petrolera estatal, utilizó el argumento de que el agua supuestamente tenía propiedades que disminuían el riesgo de contraer Covid-19 e hizo alusión a un informe médico, que luego se confirmó que solo manifestaba que la bebida era light y más recomendada que el jugo que funcionarios tomaban.
Igualmente, la Fiscalía detectó que las mascarillas que compró Petropar no ingresaron a la institución, pese a que había documentación que avalaba la entrega de los insumos. El Ministerio Público imputó el viernes a la ex titular de la petrolera, Patricia Samudio, y a otras 21 personas, luego de las presuntas irregularidades y sobrefacturaciones en la compra de mascarillas y agua tónica, en el marco de la pandemia del Covid- 19.
Modalidad
Un factor común en todas estas compras es que se hicieron por vía de la excepción bajo el argumento de urgencia impostergable, una modalidad riesgosa, según reconoció el propio titular de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz. Las adquisiciones con este mecanismo se comunicaban a la DNCP recién con una adjudicación decidida, lo cual motivó a cambiar las reglas por resolución.
Ahora, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas impulsa un debate para ajustar detalles en la Ley 2051/03, con la finalidad de lograr mayor transparencia, competitividad y sanciones más duras relacionadas al campo del incumplimiento de acuerdos con el Estado, entre otros aspectos.