EL juez siguió el dictamen del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, en atención a la pandemia del coronavirus, que había recomendado el reemplazo de la detención preventiva del doleiro (cambista) Darío Messer por el de prisión domiciliaria.
La defensa sostuvo en el hábeas corpus presentado ante el Supremo Tribunal Federal que Messer “tiene 61 años y es hipertenso”. Además, refiere que ingresó al hospital del 18 al 20 de marzo, situación que lo deja en riesgo de infección por Covid-19. También es posible transmisor de la enfermedad, y requiere su traslado inmediato a su residencia, subraya.
Según el magistrado, “aunque es plausible sustituir la detención preventiva por arresto domiciliario, por un problema humanitario y de salud pública, no hay cambio en la comprensión de este Tribunal”. Aclaró, sin embargo, que es una medida extraprocesal, de carácter humanitario, que puede volver a revisarse tan pronto como cesen las razones excepcionales y de emergencia.
El magistrado decidió que Messer debería usar una tobillera electrónica para una mayor seguridad respecto a una fuga.
Messer tiene prohibición total de comunicación u otro tipo de contacto con ORCRIM (Organización Criminal de Brasil); él deberá informar inmediatamente la dirección de su domicilio y mantener un registro actualizado de todas las visitas que reciba en el lugar. Solo se le permitirá la ida de emergencia médica a algún centro asistencial de salud, comunicación y comprobación al juicio en 24 horas.
EN PARAGUAY. Messer había contado que su decisión de vivir en Paraguay obedeció a que le gustaban las granjas y el mercado financiero. Que así conoció a Horacio Cartes, ex presidente de la República.
Negó haber enviado remesas ilegales de dinero al extranjero, como también ser socio capitalista de cambistas.
El Doleiro de Doleiros es investigado en nuestro país por el lavado de dinero de USD 100 millones, al igual que otras 17 personas, entre ellas Cartes, empresarios y hasta su abogado.
El ex presidente Cartes fue imputado por la Justicia brasileña por presuntamente haber financiado a Messer con USD 500.000 durante su clandestinidad de aproximadamente un año, aunque también tienen sospechas de que el empresario participó de la organización criminal que se le atribuye a Messer.