En conferencia de prensa, llevada a cabo en el local del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), la oposición presentó en 30 páginas el detalle de 16 causales en las que basa su pedido contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
En este nuevo documento que apuntalan se mencionan hechos nuevos como la imputación del presidente del PLRA, Efraín Alegre, por el caso de las facturas falsas, además del procesamiento por parte del Ministerio Público a los jóvenes liberales en el caso que investiga la muerte de Rodrigo Quintana.
Además, el documento añade entre las causales el caso de la masacre de Curuguaty y el fallido Metrobús, así como también el proyecto de enmienda constitucional que impulsó el cartismo.
El titular del PLRA añadió como fundamentación política para iniciar el juicio político a la fiscala general el hecho de que con su liderazgo al frente del Ministerio Público Quiñónez fue cómplice supuestamente con la mafia.
“Este enjuiciamiento político es un paso fundamental y creemos que el éxito con la separación de Sandra Quiñónez del Ministerio Público será cortarle un brazo a la mafia”, señaló.
Volvió a tirotear contra el ex mandatario Horacio Cartes, a quien él y otros miembros de la oposición atribuyen ser el que supuestamente maneja el Ministerio Público. “Es un paso importante cuando decimos que la mafia se ha apoderado de las instituciones de la democracia. Eso se llama Horacio Cartes como jefe principal”, manifestó Alegre.
También se registra dentro del documento la omisión de investigación imparcial de la Fiscalía para los casos de corrupción con licitaciones en plena pandemia llevadas a cabo por el Ejecutivo.
Igualmente, el senador del Frente Guasu Carlos Filizzola sostuvo que en el último hecho en Yby Yaú, con la muerte de dos niñas en un cuestionado actuar de la Fuerza de Tarea Conjunta, “la tarea fiscal fue cómplice y tuvo una actuación irregular”.
votos. Pese a la exposición de motivos por parte de la oposición contra la fiscala general del Estado, en la Cámara de Diputados, instancia que debe analizar si admite el proceso, no se cuenta con los votos, dado que la ANR tiene la mayoría absoluta de 41 votos y actúa en bloque, por lo que la oposición tendrá dificultades para avanzar en su propósito. Según el procedimiento establecido por la Constitución Nacional, se requiere que una mayoría de dos tercios apruebe el pedido y una vez formulada la acusación se remite al Senado para el juzgamiento.
De más está decir que en mayo de este año, el primer pedido de juicio político a Quiñónez solo contó con 18 votos a favor; es decir, ni siquiera la mitad de la oposición apoyó la iniciativa.
LAS CIFRAS
53
votos constituyen la mayoría de dos tercios en Diputados, suma que se requiere para que se admita el juicio político.
39
votos tienen la totalidad de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, mientras que la ANR cuenta con 41 votos.
