Esta semana la Cámara de Senadores deberá decidir, acompañar o no, la posición asumida por los diputados en el estudio del presupuesto de utilizar para otros fines unos 17 millones de dólares de los recursos del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI).
Se trata concretamente de recortes que van a afectar en el futuro próximo determinados programas estratégicos que tienen que ver, entre otras cuestiones, con inversión en primera infancia, formación de capital humano avanzado en el exterior e investigación científica.
Haciendo un poco de historia, en el año 2012 un grupo diverso de la sociedad civil planteó una idea fantástica y con un alto nivel de potencial transformador. Blindar y destinar a la educación los recursos crecientes que nuestro país iría a recibir, en concepto de la venta o cesión a Brasil, de la energía que le corresponde de Itaipú, pero que no la utiliza totalmente.
Si bien la pretensión inicial era destinar el 100% de estos recursos a educación, en concreto solo se consiguió que el 30% del total recibido por la venta de energía se destine a un fondo especial denominado FEEI. Esto representaba entre 90 y 100 millones de dólares anuales, lo cual iría disminuyendo con el tiempo, en la medida que nuestro país aumentase su utilización de la energía y, por lo tanto, tenga menos excedentes para la venta al vecino país.
Todo esto se creó por ley. Y la misma establece con mucha claridad al menos tres elementos novedosos que deberían incluso servir de aprendizaje para otros esquemas similares; algo que por lo visto no está siendo percibido de esta manera por los actores políticos.
En primer lugar, la ley establece con claridad los focos de inversión de fondo y los rangos de montos a invertir en cada tema o prioridad. Se trata efectivamente de apuntar a los aspectos claves y estratégicos en materia educativa, pero que en general estaban prácticamente ausentes de los presupuestos anuales de los ministerios, y particularmente del MEC.
Aun más, la ley menciona que estos fondos serán adicionales y complementarios a los recursos que ya estaban presupuestados usualmente en el MEC. Y de ninguna manera se supone que estos nuevos fondos deban utilizarse para reemplazar las partidas ya financiadas con recursos del tesoro (esto es precisamente lo que se pretende hacer ahora con el recorte mencionado).
En segundo lugar, establece un mecanismo financiero a través de un fideicomiso que permite básicamente que los recursos, que anualmente se vayan recibiendo, se acumulen en el fondo sin necesidad de que deban ser utilizados necesariamente en un año calendario o se pierdan. Entonces, permite planificar y ejecutar programas de manera plurianual. Y, por ende, los desembolsos se van realizando en función del cumplimiento de los objetivos anuales planificados.
Ello evita, por ejemplo, la emergencia de una suerte de incentivo perverso de ejecutar a como de lugar un presupuesto anual antes de que termine el año, aunque eso tenga que ser hecho de manera muy ineficiente o incluso irregular.
En tercer lugar, se establece una gobernanza público-privada del Fondo compuesto por 5 ministros del Poder Ejecutivo, pero también con representantes del sector privado, de la sociedad civil, de la academia y de los investigadores. Esto permite una dinámica muy interesante de diálogo y control mutuo en todo el proceso de asignación de los fondos. La experiencia de los últimos 8 años de funcionamiento del Fondo nos muestra que ha funcionado. Y ha tenido impactos significativos en temas absolutamente claves para el desarrollo.
Entonces, ¿por qué intentar tocar algo que está funcionando y que establece como prioridad la inversión complementaria en educación? ¡No tiene sentido alguno!
Esperemos que los senadores puedan corregir esta situación y volvamos a cuidar celosa y racionalmente el Fondo por todo lo que aún puede brindarle al país.
