Un grupo de empresarios –nucleados en la organización Líderes para el Desarrollo– presentaron el miércoles último al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en Mburuvicha Róga, un proyecto de modernización y reforma de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En el encuentro participaron la directora ejecutiva Sonia Bareiro, y los directivos Román Ortiz y Diego Zavala, además de otros empresarios y autoridades del Ejecutivo, como el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia.
El proyecto establece la necesidad de elaborar un nuevo modelo de seguridad que responda a las necesidades y los retos que realmente enfrenta el país en materia de seguridad, orientada al combate del terrorismo, la lucha contra el crimen organizado y la protección de las fronteras para ambas fuerzas públicas.
“El proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional es el primero de siete proyectos de ley sobre ejes que consideramos prioritarios a ser impulsados en el marco del proyecto. Las reformas apuntan a crear las condiciones institucionales para hacer frente a los desafíos actuales del Paraguay en materia de seguridad en el ámbito de las competencias constitucionales”, sostuvo Bareiro.
Entre las principales áreas de la reforma policial y militar, el proyecto abarca cuatro puntos específicos que son el sistema de ascenso en los grados, el método de asignación de cargos, el régimen disciplinario y la estructura jerárquica y organizativa tanto en la Policía como en las FFAA.
Asimismo, el proyecto habla de mejorar los elementos de mando y control, gestión de recursos y generación de capacidades del sistema de seguridad con vistas a modernizarlo y adaptarlo a las misiones que debe cumplir.
En ese sentido, señala la necesidad de modernizar los procesos de reclutamiento y modificar las estructuras orgánicas de ambas fuerzas, como así también establecer medidas para fortalecer la disciplina y la lucha contra la corrupción, crear los incentivos para elevar la calidad académica de los reclutados, y establecer leyes en beneficio de ambas estructuras.
