Sucesos

Omisión fiscal de orden de detención hace lento caso de RGD por cheques

La fiscala Natalia Cacavelos requirió al juez la prisión preventiva, pero no decretó la detención, por lo que el juez le citó para el 13 de enero, para respetar los plazos procesales para la audiencia.

El juez de Garantías Gustavo Amarilla definirá esta semana si el empresario Ramón González Daher (RGD) irá o no a prisión por el caso del supuesto hurto de los cheques que desaparecieron para el juicio oral en su contra.

La audiencia será el próximo jueves 13 de enero, ante el citado magistrado, quien además había admitido la imputación por los presuntos hechos punibles de quebrantamiento del depósito, en calidad de instigador, y extorsión en calidad de autor.

El juez Amarilla había admitido la imputación el pasado 3 de enero, ya que la fiscalía presentó el pedido el 30 de diciembre pasado, en horas de la tarde, por lo que recién el primer día hábil del año se admitió el pedido.

Además, el juzgador fijó la audiencia de imposición de medidas cautelares para el 13 de enero, teniendo en cuenta que debe tenerse una anticipación de 5 días hábiles, para la citación, con lo que quedó en esa fecha.

En la imputación, la fiscala Natalia Cacavelos pidió la prisión preventiva, considerando el peligro de fuga y de obstrucción de la investigación, conforme con su requerimiento.

Sin embargo, la agente fiscal, pese a que cree que podría escapar o, en su caso, obstruir la investigación, no ordenó la detención de RGD, por lo que el juez debía fijar la audiencia con la anticipación señalada en el artículo 163 del Código Procesal Penal.

Si la fiscala hubiera dictado la detención, el mismo iba a ser presentado ante el juez de guardia, y ya el 31 de diciembre podría haberse hecho la diligencia de imposición de medidas, porque había privación de libertad.

Con ello, el proceso contra el empresario debe esperar los plazos legales pertinentes. Es más, le da la posibilidad a la defensa de apelar la fijación de la audiencia y pedir la nulidad de la imputación, con lo que la diligencia incluso podría suspenderse.

De esta manera, hay que ver qué planteará la defensa del encausado Ramón González Daher, quien al tener ya una condena, actualmente apelada, tiene muchas posibilidades de que vaya a prisión.

IMPUTACIÓN. La nueva causa se inició por la denuncia de Alberto Antebi, quien señaló que Ramón González Daher, entre junio y julio del 2021, le entregó 88 cheques, para refinanciar una deuda que tiene con él.

Sin embargo, según la imputación fiscal, entre los cheques había tres que estaban en el lote de 471 cheques que fueron sustraídos del juzgado de Delitos Económicos a cargo del magistrado Humberto Otazú, quien tenía a su cargo la causa.

El hecho había sido descubierto el 5 de agosto del 2021, cuando el magistrado remitió al Tribunal de Sentencia las evidencias para el juicio oral que debía realizarse al empresario luqueño por los delitos de usura y lavado de dinero.

Según la imputación de la Fiscalía, entre el 8 de febrero y julio del 2021, Ramón González Daher habría logrado acceder al Juzgado Penal de Otazú a través de una tercera persona para sustraer tres cheques originales.

Los documentos de pago, cargo Banco Atlas, se giraron contra la cuenta Nº 000000972542, habilitada de Alberto Helfon Antebi Duarte, los cuales se habrían remitido bajo acta, como evidencia por el Ministerio Público.

Supuestamente los cheques originales fueron entregados por González Daher a Antebi como parte de un proceso de refinanciación de una deuda.

A cambio, Antebi debía realizar una contraentrega de nuevos cheques de fechas más recientes, por montos mayores para que estos no sean presentados al banco.


Tramitan la apelación de condena
En la causa donde condenaron a 15 años de cárcel a Ramón González Daher y a 5 años de cárcel a Fernando González Karjallo, por usura y lavado de dinero y denuncia falsa, la defensa había presentado recurso de apelación especial contra la sentencia.
En ese caso, el Tribunal integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo debe dar trámite al recurso que se promovió.
En este caso, deben correr traslado al fiscal de la causa, Osmar Legal, y a la querella ejercida por los abogados Carlos Arévalos Girett y Patricia Doria Argaña.
En el caso, la defensa pide la nulidad del juicio oral y el reenvío. Es decir, que se realice un nuevo juicio oral contra los dos procesados de la causa.

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