El legislador en principio defendió su propuesta, pero al final de la mañana de ayer se vio obligado a remitir una nota al titular de la Cámara, Pedro Alliana, solicitando que su proyecto sea retirado, teniendo en cuenta que ni sus propios colegas apoyaron su propuesta.
“El pedido obedece a que el problema de los actos vandálicos se está analizando con mayor amplitud por varios sectores confirmados para el efecto”, argumentó su pedido de retirar la nota.
La normativa presentada por Urbieta planteaba la modificación del artículo 234 del Código Procesal Penal, sobre la perturbación a la paz pública y establece una sanción de cinco años de cárcel para quienes desde una multitud realizaran hechos violentos contra personas o cosas, que puede llegar a diez años en caso de agravantes.
El documento define como actos vandálicos cualquier conducta intencional que dañe la integridad física de las personas y bienes materiales. Cita como ejemplo “arrojar huevos, grafitis, daños a vehículos”, entre otros.
EN CONTRA. El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño dijo que le sorprendió el proyecto de Urbieta y que lo considera improcedente.
Señaló que toda ley que pretenda de alguna manera coartar las manifestaciones de la gente, de por sí ya está en contra. “Es una barbaridad, porque de la forma en que está planteado el proyecto parece que no quiere que la gente se manifieste”, remarcó, al tiempo de añadir que la expectativa de pena dispuesta es inconcebible.
El legislador expresó que las manifestaciones ciudadanas deben ser respaldadas. “La experiencia nos demuestra que en el país lo único que funciona son las manifestaciones y que producen resultados”, remarcó.
En sentido similar se manifestó el correligionario de Urbieta, el cartista Raúl Latorre, quien sostuvo que se debe preservar las posibilidades que tiene la ciudadanía de manifestarse. “Es fundamental que la ciudadanía pueda expresar su rechazo sobre algo o contra alguien y el proyecto de Urbieta busca regular esa situación, y naturalmente se debe analizar, porque el papel de la ciudadanía y de la prensa en los procesos de control de transparencia fueron determinantes y fundamentales para el desarrollo de una nación”, aseveró.
Dijo que se debe preservar la libertad de expresión garantizada en la propia Constitución.
Manifestó que siempre estará al lado de la ciudadanía que se moviliza para repudiar conductas que le parecen inapropiadas.
