La situación no va a cambiar ni en el corto o mediano plazo. Con una cobertura que se estima en 20%, los mecanismos de seguridad y protección social, aunque malos, solo alcanzan para brindarle ciertos derechos a una parte de la población. Aquella ligada al sector formal del sector privado o la que ha tenido la suerte de ser contratado por el Estado.
La protección social en Paraguay está en una situación de dualidad. Un sector minoritario, aunque significativo, de la sociedad accede a una seguridad social de mala calidad. Es el pilar contributivo al que acceden ese aproximadamente veinte por ciento. Y están los otros. Los que recurren al sistema de salud público, supuestamente “gratuito”, y que se mantienen vivos por sus propios esfuerzos y recursos, trabajando hasta que se pueda, viviendo con el apoyo familiar y, si se da el caso, recibiendo los apoyos residuales que brindan los programas sociales. La dualidad está claramente ejemplificada por el hecho de que la pensión de unos aproximadamente 16.000 policías y militares en 2018 fue mayor que la pensión alimentaria de 160.000 adultos mayores.
La cuestión es que este fenómeno solo puede aumentar en cuanto a sus dimensiones. La sociedad paraguaya, al igual que el resto de la región latinoamericana, está “envejeciendo”. Eso quiere decir que el promedio de edad de la población va lentamente aumentando. Actualmente, el promedio de edad es de 29,7. Comparativamente hablando, es una de las sociedades más jóvenes. Cuba, por ejemplo, tiene un promedio de 42,1. Uruguay tiene un promedio de 35,5. El Japón, el país más envejecido, tiene un promedio de edad de 48,6. Sin embargo, la tendencia es irreversible. La pregunta es cómo ir sorteando lo desafíos de ese proceso. Ya hay una crisis fiscal en ciernes por el aumento de gastos en las pensiones de los beneficiados en el sector público. ¿Qué va a pasar con los fondos de IPS a medida que crece la proporción de beneficiarios con respecto a cotizantes? Más aún, ¿cuál puede ser el futuro de la pensión del adulto mayor?
Sobre este último programa, nos llama la atención que, si bien según datos del INE y la STP existen en el país 594.479 personas de 65 años, nos llama la atención que, según el Ministerio de Hacienda, los beneficiarios de este programa llegaron a 286.136 en febrero del 2023. Eso equivaldría a un 48% de la población de adultos mayores. Contrasta con el hecho de que la pobreza alcanza a aproximadamente 26% de la población y los adultos mayores pobres no deberían rondar por encima de esos porcentajes, al contrario, generalmente la población entre 65 y 69 años ya ha podido superar situaciones de pobreza.
No creemos que haya adultos mayores “ricos” cobrando una pensión que equivale a 25% del sueldo mínimo, pero puede ser que haya filtraciones importantes y que una buena medida esté siendo utilizado como parte de un esquema clientelista, que favorece a los correligionarios, amigos y conocidos, sobre todo al nivel de la inscripción que se da en el municipio.
