Tres legisladores, José María Ibáñez, Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, han debido renunciar al Poder Legislativo ante graves acusaciones de corrupción y tráfico de influencia, mientras el diputado Ulises Quintana fue desaforado para ser sometido a la Justicia, aunque también se pide que sea privado de su investidura por haber cometido tráfico de influencia para liberar de la policía a un presunto narcotraficante.
No hay que perder de vista que existen otros ocho casos de diputados, senadores y parlasurianos, con cuentas pendientes con la Justicia, algunos de ellos con procesos más antiguos y que los siguen alargando para evitar ir a juicio, en gran medida gracias a la defensa, el apoyo o la indiferencia cómplice de una gran mayoría de los demás legisladores.
Uno de ellos es el senador colorado Víctor Bogado, desde el 2013 con proceso abierto por el caso conocido como niñera de oro, que investiga la situación de una mujer que supuestamente trabajaba para el legislador y cobraba en la función pública. La Fiscalía lo acusó por estafa y complicidad en el cobro indebido de honorarios. El proceso tiene uno de los más altos récords en chicanas. Recientemente, los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo desempolvaron luego de casi dos años y corrieron traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se expida sobre el último incidente. Ayer se postergó nuevamente el tratamiento de su desafuero en el Senado.
El senador liberal Salyn Buzarquis está imputado por supuesta lesión de confianza cuando era ministro de Obras Públicas del gobierno de Federico Franco. En Diputados, el cartista Tomás Éver Rivas tiene un caso similar al de Ibáñez, ya que contaba en su casa y empresas con tres caseros que percibían entre G. 2 y 3 millones como funcionarios de la Cámara Baja, cuando en realidad hacían trabajos particulares. Otro es el liberal Carlos Portillo, imputado por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. Siguen el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, imputado por contrabando de productos electrónicos, y el diputado liberal Teófilo Espínola, acusado de malversar parte de G. 5.000 millones del Ministerio de la Defensa Pública. Se suman los miembros liberales del Parlasur, Enzo Cardozo y Milciades Duré, el primero procesado por el desvío de G. 1.219 millones cuando fue ministro de Agricultura y Ganadería, y el otro por compra irregular de tierras cuando integraba el consejo del Indert.
Los legisladores ya no deben proteger o dilatar estos casos. Cansada de la impunidad, la ciudadanía ya no se conforma con gestos simbólicos para calmar los ánimos y exige que todos los acusados de corrupción sean medidos con la misma vara.
