Una catarata de irregularidades saltaron de la intervención al Centro de Adopciones (CA) y la Dirección General de Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes (Diproe), cuyos resultados dio a conocer ayer el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).
“Tal y como presentíamos, hay situaciones que hacen a la estructura misma del Centro de Adopciones, a los recursos humanos y a los procesos mal logrados, prácticas que son ajenas a la ley que se han instalado, tanto en el sistema administrativo como judicial, que hacen que los procesos sean extremadamente engorrosos, largos y por sobre todo, perjudican a los niños que tienen el derecho de acoplarse a una familia en el menor tiempo posible”, expresó la ministra Teresa Martínez.
Comentó que están trabajando en la elaboración de un nuevo manual de procedimiento para revertir las falencias (ver infografía). A la vez, impulsan un proceso de reforma legislativa para reglamentar la figura del acogimiento familiar.
“Se trata de una ley de acogimiento familiar, porque tenemos un proceso de adopción, una guarda preadoptiva, en ciertos casos extremos que se convirtió en regla general, que no debe ser así. Entonces, falta regular el acogimiento, mientras tanto sale la adopción; hasta saber si el juez va a decir que se le entregue al niño directamente a la persona que va a adoptar o hasta que se defina la situación de ese niño de en dónde se va a quedar”, expuso Martínez.
La titular del Minna indicó que detectaron varias desprolijidades y prácticas ilegales que afectan el proceso normativo. “El 70% de los niños que llegan a adopción ya están con guarda previa, cuando esa es la excepción. Un niño no puede estar en una guarda preadoptiva sin que se defina su situación jurídica con su familia; lo cual impide que luego se realice el mantenimiento del vínculo y las personas tienen que pasar dos, tres o cuatro años sin que puedan lograr la adopción”, insistió.
La falta de informe y seguimiento para los postulantes a la adopción y las irregularidades administrativas contribuyeron –dijo– a la mora judicial. “Esas son las cuestiones que como institución no podemos permitir, se han tomado las medidas correctivas y se está trabajando con la Diproe en nuevas fórmulas en la instalación de buenas prácticas adecuadas para la adopción”, apuntó.
Articulación. Martínez refirió que la expectativa es reducir el tiempo de los procesos de adopción a lo que estipula la Ley 1136/97. “La ley habla de un plazo de 45 días para la adopción, cuando hay padre o una madre que entrega a un niño; y a 90 días prorrogables, cuando se desconoce el origen de los progenitores de un niño. Si esos plazos se cumplieran fácilmente, tendríamos concluido en un año un proceso de adopción bien llevado”, aseveró.
Para acortar los plazos, trabajan con jueces, defensores y fiscales para acelerar los procesos judiciales; “incluso firmamos convenio para instalar estas buenas prácticas, y creemos que con eso podremos corregirlas”, lanzó.
Hoy existen 29 casos con procesos de adopción iniciados. Hay otros no registrados.
En opinión de la ministra de la Niñez, el proceso de adopción “se convirtió en un litigio” y no en un proceso voluntario declarativo. “Es la última desnaturalización que se puede tener de un proceso de adopción”, enfatizó.
Sobre los resultados de la intervención, sostuvo: “Los hallazgos asustan en el sentido de que no se está haciendo lo que se debería hacer, el reclamo ciudadano tiene su razón de ser. Había familias que recibían cierta transferencia monetaria, cestas básicas y otras que no recibían nada. Ese desorden generó una situación bastante confusa y ahora estamos en un proceso de reinicio con nuevas familias que quieren ser acogedoras y con nuevas reglas que sean claras”.
