La Cámara, controlada por miembros afines al presidente, prohibió con el apoyo de 75 de los 91 diputados otras 82 oenegés, entre ellas la Fundación Enrique Bolaños, del ex presidente homónimo (2001-2007), acusadas de saltarse el ordenamiento jurídico.
Sin ningún debate en el pleno de la cámara, estas cancelaciones fueron aprobadas mediante un decreto legislativo presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, a petición del Ministerio de Gobernación (Migob), entidad del gobierno que supervisa las oenegés.
El Migob alega que las entidades canceladas “han transgredido e incumplido con sus obligaciones” y han “obstaculizado el control y vigilancia” que realiza a esas entidades.
Entre las faltas señaladas a las oenegés canceladas están las de “incumplir con el registro como agente extranjero; no reportar sus informes financieros y no promover la transparencia en el uso de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fueron acordes con los objetivos y fines por los que se les otorgó la personalidad jurídica”.
La Academia Nicaragüense de la Lengua (ANL), con sede en Managua, fue creada en agosto de 1928, y entre sus miembros destacados figuran el escritor Sergio Ramírez y la novelista y poetisa Gioconda Belli, ambos radicados en España.
El Gobierno aprobó a finales de 2020 una ley que obliga a organizaciones de la sociedad civil y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o cómo utilizan las donaciones que reciben.
ola de estupor. El escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez expresó a la AFP su “asombro” por lo que calificó como una “barbarie cultural” porque “la lengua no se puede conmutar”.
“Nadie puede confiscar a las instituciones. No sé cuál es la idea de ilegalizar la academia. Es una idea bárbara confiscar las investigaciones, el trabajo sobre la lengua”, dijo a la AFP el autor de Castigo Divino (1988) y Margarita, está linda la mar (1998).
Con estas 83 oenegés aumentan a más de 300 las entidades canceladas por el gobierno de Ortega desde 2018, en el contexto de la crisis detonada por las protestas antigubernamentales que dejaron un saldo de más 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno acusa a las oenegés ilegalizadas de emplear los fondos recibidos para intentar un golpe de Estado con apoyo de EEUU. El mandatario, de 76 años, que integró la primera junta de gobierno sandinista en 1979 y luego fue presidente entre 1985 y 1990, regresó al poder en 2007, donde se mantiene tras obtener un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con sus rivales presos.
300
entidades ya fueron canceladas por el gobierno de Daniel Ortega, que las acusa buscar un golpe de Estado.
