El abogado y politólogo Camilo Filártiga enmarca a la impunidad como una gran traba para la democracia y afirma que los intereses de los partidos políticos en el Poder Judicial son la principal causa para este efecto.
“La impunidad es un flagelo para nuestra democracia, es un obstáculo claro para el estado de derecho, para la vigencia efectiva del estado de derecho, tiene su sustento en un Poder Judicial que está cooptado por intereses partidarios”, resaltó.
El analista indicó que estos intereses se concretan a través del funcionamiento de los órganos extrapoder, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), creados en la Constitución Nacional de 1992 con intención de depurar la Justicia.
“Fueron creados con intención de establecer criterios autónomos, independientes, objetivos para el enjuiciamiento de magistrados, pero que en la práctica se ha notado ya desde el diseño constitucional de ambos órganos, que hoy son espacios que están absolutamente cooptados por los partidos políticos y donde los partidos ejercen una influencia notable de acuerdo con sus intereses particulares o partidarios sobre los criterios para seleccionar a los jueces o para sancionarlos en el caso que así corresponda”, manifestó Filártiga.
Por tanto, para el politólogo, la impunidad debería ser el foco principal para los esperados cambios en el país.
“Yo ubicaría el flagelo de la impunidad como un tema central en la agenda de la democracia en Paraguay, como un tema que efectivamente lesiona a los principios más básicos de la democracia y de un estado de derecho por sobre todas las cosas”, concluyó.
Uno de los casos más sonados en los últimos días en cuanto al uso de chicanas es el del diputado colorado Miguel Cuevas, quien está procesado por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Se encuentra privado de su libertad desde el pasado 14 de febrero en la Agrupación Especializada. Su defensa recusó recientemente a los fiscales con el argumento de la falta de objetividad. El juez de Garantías, Yoan Paul López, rechazó su pedido de revisión de medidas cautelares, por lo que no logró su libertad.
Pero la impunidad también es otorgada desde la Cámara de Diputados, donde ni siquiera han perdido su investidura aquellos procesados por graves hechos, como el colorado Tomás Rivas, imputado por hacer figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados a tres empleados de sus propiedades privadas.
También los liberales Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencia, y Teófilo Espínola, por daño patrimonial.
En el Senado, el legislador más protegido es sin dura Javier Zacarías Irún, ya que, pese a que esta cámara se destacó en estos últimos años por no perdonar a sus miembros, echando a media docena, el esteño sigue impune.
El cartista está procesado por lesión de confianza junto con su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.
Los parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré están imputados. Cardozo por millonarios desvíos en Agricultura y Duré por el negociado de la venta de las tierras de San Agustín al Indert.
El Poder Judicial está cooptado por intereses de partidos políticos, que ejercen una influencia notable en la Justicia.
Camilo Filártiga,
abogado y politólogo.
