Sobre las expropiaciones que se aprueban en el Congreso, Cárdenas refirió que es un “negocio bastante caro”. Criticó que, en el caso de las tierras del Grupo Favero, no se tuvo un criterio racional en el Senado para la aprobación. “No tenemos destinatario, no tenemos un censo de las familias que van a ser beneficiadas con esas tierras, no existe una coparticipación del ente que maneja el sistema de tierras públicas en el Paraguay”, lamentó en contacto con radio Monumental 1080 AM.
La indemnización por la expropiación de las tierras de Ñacunday, que tiene media sanción en el Senado, ascendería a unos USD 45 a 50 millones. El presidente del Indert mencionó que, contradictoriamente, el año pasado la Cámara Alta rechazó un pedido de expropiar 600 hectáreas para 55 familias censadas e identificadas de Laterza Cué, a un precio que llega solo al 20% de lo que se podría pagar al Grupo Favero, cuyo propietario es Tranquilino Favero.
El abogado de la empresa, José Costas, había manifestado a ÚH, que el valor de la tierra en esa zona orilla los USD 15.000 por hectárea.
A ÚLTIMAHORA.COM explicó que los carperos de Ñacunday ya están totalmente reubicados, así que las intenciones de expropiación no se justifican al menos para este sector. El Indert desconoce quiénes serían los beneficiarios del proyecto de ley aprobado ya en el Senado.
Se trata de 11.681 hectáreas con 8.616 metros cuadrados, correspondientes a la finca Nº 4036 y sus desprendimientos.
En Ñacunday están instalados carperos, como la comisión vecinal sintierra Santa Lucía, con 300 familias que rechazan la expropiación, pues sostienen que el grupo tiene otras 11.141 hectáreas de excedentes que pueden ser recuperadas. En cambio, las colonias privadas Lomas Valentinas, Toro Cuá, Toro Cua’i e Itaipyte y las colonias del Indert Paranambú, 8 de Diciembre, Chacoré y Yacui están de acuerdo con la medida.
Cárdenas está de acuerdo con recuperar las tierras si en realidad existe un excedente, un paso para ello es la mensura judicial.
Comentó que el Indert está enviando al Congreso algunas leyes de expropiación para su derogación, como el caso de Paraguarí, donde las tierras fueron tasadas a G. 450 millones por hectárea. Como el costo debe pasar al beneficiario, se trata de una ley inviable, indicó.
Caso Antebi Cué. Sobre estas tierras, Justo Cárdenas dijo que más de 100.000 hectáreas son de reserva forestal y no se pueden tocar. Pero se analizará certificarla a nivel internacional para que el Estado reciba beneficios por cuidarla.
Asimismo, 20.000 hectáreas son ocupadas por campesinos sujetos a la reforma agraria y 80.000 por estancieros que no son beneficiarios, pero que invirtieron mucho en las tierras donde producen ganado. En este sentido, Cárdenas sostiene que será imposible sacarlos y que la propuesta es vender una parte a los ganaderos a un precio de mercado, USD 1.500 por hectárea, con lo que se podría obtener USD 120 millones, el triple de lo que había gastado el Estado. Pero este proyecto debe ser tratado nuevamente en el Congreso.
