El gremio diplomático está alerta ante la intención de un grupo de senadores de diferentes bancadas de cambiar las reglas que rigen este ámbito desde 1999: La Ley Nº 1335 “del Servicio Diplomático y Consular”. Los legisladores presentaron un proyecto de ley que, a diferencia de uno anterior que apuntaba a introducir modificaciones puntuales a la norma vigente, este pretende derogar y reemplazar la actual legislación. El viernes, a las 11:00, está convocada una audiencia pública, organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores, para iniciar el debate del documento. Sobre el tema habla la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular (ADEP), consejera María Noelia López Sanguinetti.
–¿Qué puntos encuentra controvertidos o cuestionables la ADEP en el proyecto de ley promovido por cinco senadores para reemplazar a la Ley 1335/99 Del Servicio Diplomático y Consular?
–El proyecto de ley contraviene los principios constitucionales como los de igualdad, uniformidad en la regulación de la función pública y se contrapone al criterio de competencia por la naturaleza especial de la actividad laboral que desarrollamos los diplomáticos.
Preocupa también la ampliación del cupo para ocupar cargos diplomáticos en el exterior por personas ajenas al escalafón sin preverse una ampliación de los rubros. Lastimosamente hoy tenemos colegas que cumplen todos los requisitos legales y reglamentarios de ascenso, pero sin el respaldo presupuestario correspondiente para hacerlo. Así como el ilegal, hasta hoy, ingreso de personas ajenas al escalafón a los consulados
Por todo esto buscamos mantener un canal de diálogo, fluido y constructivo, con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, confiados en que considerarán nuestros argumentos.
Necesitamos que la política exterior se aparte de los vaivenes de lo coyuntural y se consolide como una política de Estado con profesionales que defiendan, con las mejores herramientas, los más altos intereses nacionales.
El Paraguay debe tener una diplomacia profesional, así como necesita un ejército profesional, una policía profesional, un magisterio profesional, entre otros. Nuestra asociación trabaja en el fortalecimiento de la profesionalización de la carrera diplomática y consular, que se ha construido en un proceso de más de 20 años.
–El argumento que acompaña a la presentación del proyecto de ley habla de “modernizar la carrera diplomática y consular”. Según ustedes, ¿hay aspectos que precisan modernizarse en la carrera diplomática y que requieren de una ley para ello?
–El debate está activo dentro de la sociedad y mucho más dentro de la ADEP, ya que uno de los objetivos de la propia asociación es ayudar a mejorar el servicio a través de la profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Todo es perfectible, teniendo como norte a la Constitución y las leyes vigentes.
La Ley 1335/99 “Del Servicio Diplomático y Consular” ha sido un gran paso para la carrera diplomática, ya que la institucionaliza, le da un orden, la jerarquiza e indica el camino del ingreso de manera transparente y accesible a todos los paraguayos que deseen formar parte del Cuerpo Diplomático del Paraguay, y tener el honor de representar a nuestro país en los distintos espacios internacionales.
Sin embargo, ninguna de las propuestas de las que hemos tomado conocimiento responde a una idea de modernización, más bien se centran en mantener viejas prácticas que deberían ser desterradas de la función pública y que adquieren un valor aún más relevante en espacios que nos muestran como país ante el mundo. No necesariamente hace falta una nueva ley o modificaciones de la actual. Se podrían reglamentar ciertos aspectos que hacen a su aplicación a modo de evitar arbitrariedades que puedan generar injusticias.
–¿A qué prácticas se refiere?
–Aquellas que no ponen énfasis ni prestan cuidado a la experiencia y el conocimiento de la función diplomática y consular.
–¿En qué afectaría la composición de la Junta de Calificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores tal como plantea el proyecto de ley?
–La Junta debe tener una composición que garantice la profesionalización y, sobre todo, que asegure que el proceso institucional se fortalezca.
Hoy refleja un balance razonable de competencias y facultades constitucionales entre los poderes Legislativo, Ejecutivo e incluso la sociedad civil que se encuentra representada por el profesor más antiguo de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Asunción.
Del proyecto se percibe que hay intencionalidad de cooptar los espacios en la toma de decisiones fundamentales que finalmente afectarían al normal desarrollo del servicio diplomático. Sometería todas las decisiones de la Junta de Calificaciones a tener indefectiblemente el acuerdo del sector político. El Congreso tiene la gran responsabilidad de coadyuvar con el nombramiento de embajadores y prestar el acuerdo para el más importante cometido al servicio de la patria en el exterior.
–¿Por qué cree que se busca cambiar la disposición actual que establece que la función consular está reservada a los funcionarios del servicio diplomático y consular?
–La función consular es vital en cualquier cancillería del mundo. Todo lo relativo a la actividad consular se encuentra regulada en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Para ejercer esta delicada y sensible función, se necesita una competencia específica por la naturaleza especial de la actividad, como ser: asistencia a los connacionales, contención y guía de los mismos, expedición de documentos oficiales, manejos de valores, funciones notariales, manejo de casos de trata de personas, entre otros.
La posición institucional de la ADEP, desde hace 21 años, es la misma. Se debe cumplir lo que establece la ley, la función consular debe ser ejercida únicamente por funcionarios de la carrera.
–¿Cómo se plantea en este proyecto en debate la correlación entre las designaciones de diplomáticos de carrera y personas que no lo son?
–Todos los proyectos presentados, incluido el actual, buscan aumentar el porcentaje de personas ajenas al escalafón diplomático.
–¿No debería ser el Ejecutivo el que promueva un proyecto de ley de esta naturaleza, dado que está vinculado con la política exterior?
–Conforme al mandato constitucional y, en el entendido que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano que planifica, coordina y ejecuta la política exterior bajo la dirección del presidente de la República, cualquier modificación que se pretenda debe ser coordinada con el Poder Ejecutivo.
–¿Sería un factor de preocupación el que el actual canciller no es diplomático?
–El canciller Euclides Acevedo, además de ser proyectista de la Ley 1335, es un hombre de Estado, con profundo compromiso republicano. Desde el gremio compartimos su visión de contar con una Cancillería moderna, eficiente y equitativa.
Ninguna de las propuestas (proyectos de ley) de las que hemos tomado conocimiento responde a una idea de modernización del servicio diplomático. No hace falta una nueva ley.
Se percibe que hay intencionalidad de cooptar los espacios en la toma de decisiones fundamentales que finalmente afectarían al normal desarrollo del servicio diplomático.