“Cabe la sospecha que el cambio de la denominación aprobada habría tenido como finalidad efectivizar el pago pretendido por Empo Ldta., que no podía hacerse por falta de presentación de certificado de cumplimiento tributario, ya que tenía una millonaria deuda con el Fisco”, señala el acta.
El director jurídico de la Comuna, Benito Torres, alegó que el modo de redacción del acta no corresponde, ya que la competencia de la Junta Municipal es de control y no hace de administrador de los bienes ejecutivos para sostener que existe coautoría.
No obstante, en el documento en el que la fiscala Stella Mary Cano formula la imputación se describe que para la consumación del error habría sido necesario un acuerdo entre los imputados y la empresa Empo Ltda. para la realización del pago. Esto, atendiendo a que por Resolución JMº 5500/18 del 27 de marzo de 2018, la Junta aprobó el cambio de la razón social a Empo SA.
Al respecto, Rodríguez, quien en marzo del 2018 era concejal, indicó que la medida del Ministerio Público es selectiva, ya que no fueron imputados el actual diputado cartista Hugo Rodríguez, presidente de la Junta en ese entonces, y el concejal Julio Ullón, a quien acusó de que el cambio de denominación fue a su pedido. Cuestionó que mientras tanto los responsables de Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, fueron sobreseídos provisoriamente. Afirmó que se trata de una persecución política
Por su parte, Ullón indicó que el pedido de cambio de razón social vino de la Intendencia, en época de Ferreiro, y no hubo oposición del pleno. Alegó que la presentación tenía deficiencias y solicitó que se incluya que los demás términos del contrato sean invariables. También que la firma presente en un plazo no mayor de 30 días la homologación de la modificación contractual.
En mayo del 2018 recordó que planteó la revocación de la resolución sobre el cambio de razón social tras publicaciones de medios sobre supuesta producción de documentos falsos por parte de Empo para hacer figurar que estaban al día con sus obligaciones tributarias y seguir con el cobro a la Comuna. El pleno aprobó la revocación y encomendó a la Intendencia la intervención de la concesionaria.
A FAVOR DE EMPO. Para octubre del 2018, el actual presidente de la Junta, Humberto Blasco, uno de los imputados, planteó sobre tablas levantar la nulidad que pesaba contra el contrato existente con Empo por la deuda con el Estado. Presentó una nota en la que Empo comunica que acordó con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) un plan de pago para estar al día.
A pesar de la sugerencia de derivar el pedido a comisión para mejor estudio, 14 concejales dieron luz verde a Empo: Óscar Rodríguez, Humberto Blasco, Javier Pintos, Víctor Menacho, Augusto Wagner, Ireneo Román, Fabiana Benegas de Sánchez, Karen Forcado, Félix Ayala, Mariano Cáceres, Antonio Gaona, Josefina Kostianovsky, Gabriel Calonga y Elena Alfonsi.
TRIBUTACIÓN. La SET informó ayer que Empo se encuentra actualmente al día en sus obligaciones impositivas, por lo que no tienen restricciones para la emisión del certificado de cumplimiento tributario (CCT). La Administración Tributaria, no obstante, recordó que esta compañía arrastra una deuda de G. 9.000 millones con el Fisco. El pasivo se paga de forma fraccionada desde el 2018, tras un acuerdo arribado, luego de que el Estado haya recurrido al Tribunal de Cuentas para cobrar los impuestos adeudados. Si bien hasta antes de este acuerdo, Empo tenía el RUC bloqueado, por lo que los CCT presentados pudieron haber sido falsificados, afirma que en la actualidad no tiene litigios en curso con la SET. Advierte que si Empo se retrasa en sus pagos fraccionados, el Fisco volverá a bloquearles el RUC.
CONFLICTO SIN DESPERDICIOS