Sin embargo, el proyecto incluye que los recursos del fondo también pueden ser “los legados, donaciones y otros aportes previstos en el Presupuesto General de la Nación”, y “otros ingresos de cualquier naturaleza no contemplados expresamente en los incisos anteriores”, abriendo de nuevo la posibilidad de un aporte estatal.
Además, la iniciativa disminuye la posibilidad de un crecimiento vegetativo del número de jubilados y de un aumento de futuros, mediante la eliminación de la figura de afiliados voluntarios.
Por ahora, la normativa significará un ahorro al Estado de G. 3.958 millones al año. Entre 2004 y 2017, el Estado subsidió con un monto de G. 104.000 millones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso.