El ministro dice en su nota que el caso fue tramitado ante los juzgados de Caaguazú, y en segunda instancia en Coronel Oviedo. Dice que el caso se inició cuando los fiscales allanaron el despacho de Guerrero, cuando este revisaba el dinero producto de la venta de una resolución judicial.
Alega que la causa tuvo dilaciones indebidas con la extinción de la acción penal, con lo que el caso era una afrenta a la imagen judicial, por lo que hay sospecha razonable de irregularidad en el proceso.