09 ene. 2026

Ministra asegura que no transgredió ley en las designaciones

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Descargo. La ministra de Turismo salió al paso de cuestionamientos por nombramientos.

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La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) salió al paso y aseguró que el nombramiento de la señora Patricia Ávila se realizó para un cargo de confianza, conforme a los preceptos establecidos en la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública y demás normativas pertinentes.

“Es importante subrayar que, para los efectos legales, no existe ningún vínculo de parentesco que impida su designación en la institución. Esto garantiza que su nombramiento es plenamente legítimo y conforme a derecho. Cabe destacar que en todo momento se actuó de buena fe y siguiendo los procedimientos legales establecidos. Una de las imprecisiones de la publicación se refiere al cobro del subsidio familiar de 2.550.307 percibido no solo por la señora Ávila, sino que es único y universal porque correspondió a todos los funcionarios de la institución”, menciona la entidad.

Sostiene en realidad todo lo percibido por Ávila fueron los viáticos cobrados en el periodo de enero a junio que alcanzaron el monto de G. 22.383.901.

“Con respecto a la naturaleza del trabajo que realiza la señora Ávila, es coordinadora general de 17 oficinas regionales, por lo cual debe realizar viajes periódicos a diferentes puntos del país, conforme a las necesidades que se presenten”, indica

Menciona además que Patricia Ávila renunció a la institución, en agosto de 2019.

renuncia a ong. “En mi caso, es pertinente destacar que al día siguiente de asumir el cargo como ministra, presenté formalmente renuncia a la Presidencia de la Fundación Carlos Chytil, conforme a las disposiciones legales y éticas vigentes, el 16 de agosto del 2023. En consecuencia, por lo tanto, ni yo ni la señora Patricia Ávila ostentamos ningún cargo, ni tenemos vinculación alguna con la mencionada fundación”, mencionó la titular de la entidad, Angie Duarte.

Expresó que el nombramiento del señor José Rodríguez, hermano del intendente de Asunción se llevó a cabo conforme a lo estipulado en la Constitución Nacional y dentro del marco de la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública.

“Esta normativa otorga a las autoridades institucionales la facultad de designar a personas idóneas para ocupar cargos de dirección, los cuales son considerados de confianza y de libre nombramiento y remoción, por lo que no existe trasgresión normativa de dichas disposiciones legales vigentes. Con respecto a los demás cargos directivos, al asumir como ministra, se verificó el equipo de la casa y en lo que respecta a ciertos cargos superiores, convocamos a profesionales de mi entera confianza para cada área. Ese es el caso del economista César Adle, director general de Administración y Finanzas”, alegó la Senatur.

Agregó que en esta misma situación está el director General de Asuntos Jurídicos, Juan Heinichen quien se desempeñó como consultor de un organismo internacional de altísimo renombre, y anteriormente había ocupado cargos como presidente del Banco Nacional de Fomento, y director de Hacienda de la Municipalidad de Asunción.

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