08 may. 2024

Millonario laboratorio de Senasa hizo solo seis análisis en 15 meses

Un laboratorio obtenido por el Estado, mediante un préstamo del BID por G. 1.230 millones, apenas realizó seis análisis en las Juntas de Saneamiento durante 15 meses.

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Laboratorio móvil. El laboratorio móvil fue recepcionado por las autoridades de Senasa en diciembre del 2022.

GENTILEZA

En 15 meses desde su recepción en diciembre del 2022, el millonario laboratorio móvil adquirido por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), dependiente del Ministerio de Salud, ha realizado el análisis de agua potable en tan solo seis Juntas de Saneamiento, según información proveída por la institución.

El ente, a cargo de la Ing. Sara López, quien ejerce el cargo desde el gobierno anterior y fue reconfirmada por el presidente Santiago Peña, pagó G. 1.230.000.000 por un laboratorio móvil, con el objetivo de ofrecer una solución a la problemática del control de calidad de agua en las Juntas de Saneamiento de todo el país.

Fuentes de este medio, que prefirieron el anonimato, denunciaron que el costoso laboratorio se encuentra abandonado en el predio del Taller Sanitario de Senasa, en la ciudad de San Lorenzo, por lo que realizamos la consulta correspondiente con la directora Sara López, quien a su vez derivó la consulta con Claudia Vera, coordinadora del proyecto financiado por el BID.

Vera manifestó que dicho laboratorio móvil, desde su implementación y fase de desarrollo, realizó las pruebas de análisis en seis Juntas de Saneamiento, en las que han sido perforados pozos con máquinas propias de la institución, en las localidades de Coronel Martínez y Compañía San Francisco (Guairá), Teko Pyahu (Caaguazú), Caacupemí (Areguá), Tucangua (Altos) y en la sede regional de Senasa en Filadelfia, así como la toma de muestras y análisis de calidad de agua, para la provisión en eventos donde existe presencia máxima de la población como en las festividades de Caacupé.

La funcionaria argumentó que dicho laboratorio se adquirió “para apoyar a las Juntas de Saneamiento en la periodicidad de la realización de los análisis de calidad exigidos por el ente regulador, en su categoría de permisionarias, y permitirá contar una línea base y posterior control y monitoreo de la calidad del agua en las localidades intervenidas”. Sin embargo, no precisó las frecuencias en que dicho laboratorio debe realizar su recorrido por todo el país y tampoco los nombres de los funcionarios profesionales designados para el trabajo. Solamente se limitó a mencionar que las personas responsables del laboratorio “son dos profesionales químicas, bajo la supervisión de un ingeniero químico, dependiente de la Dirección de Obras”.

Claudia Vera agregó que el objetivo de la adquisición del laboratorio “es para las actividades misionales de perforación de pozos, con máquinas propias y para apoyar eventualmente a las Juntas de Saneamiento en la periodicidad de la realización de los análisis de calidad exigidos por el ente regulador, en su categoría de permisionarias”.

Consultamos aleatoriamente con responsables de la Junta de Saneamiento de Limpio, quienes mencionaron que desconocen la existencia del laboratorio móvil y que dicha Junta realiza el análisis de sus aguas en la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

La CGR ya detectó irregularidades en la institución La Contraloría General de la República (CGR) detectó varias irregularidades en la gestión de Sara López al frente de un proyecto realizado con préstamos del BID y del Reino de España por USD 60 millones, por lo que el Ministerio de Salud ordenó una investigación preliminar en setiembre del año pasado que debía estar lista a finales del 2023; sin embargo, el director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, Gustavo Irala, mencionó que “surgieron datos nuevos” y es por ello que no se concluyó el informe. La CGR dio a conocer una auditoría el 30 de agosto de 2023, en la que menciona que Senasa adjudicó a la constructora de Ricardo Díaz la construcción de 500 casetas de operación prefabricadas por G. 12.166.663.750, pero en realidad se construyeron 254 y se repararon 246 casetas de materiales preexistentes. Entre otras falencias detectadas, Senasa contrató a un licenciado en Filosofía para coordinar el proyecto, pero en los términos de referencia exigen que el contratado debía ser egresado de las carreras Ingeniería Ambiental, Administración de Empresas o afines.

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