El suspenso del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) fue otro de los quebrantos de las autoridades de la cartera durante todo este curso, antes de las internas del pasado 18 de diciembre.
El 2022 no fue la excepción. Como en cada periodo, se dieron numerosos casos de aulas en mal estado, derrumbes por desidia o por temporales. Todavía funcionan 500 establecimientos educativos con letrinas como único servicio sanitario, principalmente en el interior del país, en localidades como Caazapá, San Pedro y Concepción.
Los datos oficiales indican que el 40% de los 7.500 locales escolares se encuentran en pésimo estado.
Las aulas que necesitan de refacciones suman 9.987, siendo el Departamento Central el más afectado, de acuerdo con datos de la Dirección General de Finanzas del MEC.
“No tenemos los recursos para hacer frente a esta problemática y a otras que afronta este Ministerio”, repitió nuevamente el titular de Educación, Nicolás Zárate, durante la rendición anual de cuentas el martes pasado.
SIN PRESUPUESTO. El Ministerio no cuenta con fondos para infraestructura en el 2023. Una denuncia constante de parte de docentes y directores es que además se sufrieron recortes para este rubro por más de G. 200.000 millones en los dos años de la pandemia del Covid, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).
Además, depende de un fondo que es parte del convenio con la Unión Europea (UE), cuya derogación tiene media sanción en Diputados, que reclaman una supuesta invasión a la soberanía, en sintonía con grupos denominados provida y profamilia.
Este recurso, donde ocho millones de euros deben utilizarse en parte para paliar problemas edilicios en las escuelas públicas, está en pausa.
“Con el 3,4% del PIB a la educación pública tendremos solo discursos sobre los necesarios cambios en la sociedad y, por ende, en la educación pública”, argumentaron desde la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica).
En este sentido, exigen que la educación paraguaya cuente con fuentes genuinas de financiación para la adquisición de los insumos requeridos, tal como dispone la Unesco, 7% del PIB, apuntaron desde la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Los educadores piden un incremento del presupuesto para aumentar la cobertura (inclusión educativa), la malla curricular, el almuerzo escolar universal y la infraestructura. Además, para cubrir tecnología y materiales de texto.
SIN PLAN. Otro acuciante problema dentro del MEC fueron las protestas en contra del PNTE, que al igual que con el convenio de la UE, fueron protagonizadas por grupos denominados provida y profamilia. Alegaron que el plan cuenta con “ideología de género”.
Finalmente, desde la cartera educativa y por pedido expreso del presidente Mario Abdo Benítez, cedieron a las presiones y el proyecto se encuentra “en pausa”.
“Le va a tocar al próximo gobierno, seguramente, llegar a un gran acuerdo nacional y lograr ejecutar el plan de transformación”, afirmó Zárate.
Más rubros golpeados por falta de fondos
A los millonarios recortes en infraestructura escolar se suman los fondos de la gratuidad, que en parte también pueden utilizarse para algunas reparaciones. El titular del Sinadi, Miguel Marecos, aseguró que entre el 2020 y el 2021, los tijeretazos a la gratuidad alcanzaron G. 120.000 millones. Los kits escolares se ven afectados desde el 2021, ya que los útiles para 75.000 alumnos y alumnas dependen del convenio con la UE, que está en suspenso. En el caso del almuerzo escolar, están en riesgo 45.000 estudiantes para el 2023. El MEC ya cuenta con una deuda con proveedores de kits escolares y del almuerzo por falta de fondos.
3,4%
del PIB destina Paraguay al sector educativo, siendo una de las inversiones más bajas de toda la región.
500
instituciones educativas funcionan con letrinas como servicios sanitarios, principalmente en el interior.
38.000
millones de guaraníes puede perder el MEC si se deroga el convenio con la Unión Europea, pendiente en Senado.