29 mar. 2024

Matriz causó inequidad, asegura ex ministro

La matriz salarial en la función pública empezó a implementarse en 2015. Su función fue unificar al salario base el 70% de las bonificaciones y gratificaciones, con el objetivo de generar un ordenamiento y contener el gasto corriente.

Pero, a criterio del economista Hugo Royg, a siete años de su puesta en marcha se concluye que esta herramienta no pudo contener el desembolso del Tesoro en remuneraciones y generó una inequidad dentro del Estado.

El ex ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) explicó que, por un lado, originó que los que ocupaban altos cargos unieran a su salario aquellos extras vinculados a esos puestos, pero contrariamente a tiempos pasados, una vez que dejaban el cargo ya quedaban igualmente con esos beneficios adheridos al sueldo base.

La situación, además de afectar la movilidad, generó una inequidad entre el plantel público, según Royg. Recordó que los entes con mayores presupuestos otorgaban mejores y mayores bonificaciones, lo que hizo que en algunas instituciones los sueldos base terminen siendo mucho más elevados.

Dijo que es hora de pensar en una verdadera matriz, que priorice la equidad salarial y mayor productividad. Esta nueva herramienta, prosiguió, debe basarse en tres instrumentos: garantizar la realización de concursos públicos reales, generando incentivos para acabar con la estructura clientelar; la puesta en práctica de constantes evaluaciones de desempeño, para analizar resultados y asegurar recategorizaciones con base en la ejecución de tareas; y, finalmente, modificar la estabilidad a niveles similares a los del sector privado, para igualarlos.


Estadísticas muestran el incremento en gasto rígido
Ya con las entidades de la Administración Central casi totalmente adheridas, si bien ciertamente permitió una especie de sinceramiento en cuanto al gasto salarial, la matriz no impidió su desborde. Las estadísticas del Ministerio de Hacienda dan cuenta que el desembolso estatal en sueldos y beneficios ligados pasó de los G. 12,1 billones (USD 1.653 millones) en 2014 a los G. 19,4 billones (USD 2.652 millones) en 2022. En términos porcentuales, el crecimiento es del 60%.
Para otros economistas como Manuel Ferreira y Aníbal Insfrán, el problema no fue la herramienta en sí, sino las perforaciones que se fueron dando durante el proceso de su implementación.

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