El peso del sector público paraguayo, tanto como porcentaje del PIB como en el total del empleo nacional, se encuentra entre los más bajos de América Latina, por debajo incluso de países con mayores niveles de desarrollo.
Es más, hay áreas en las que el país presenta déficits, ya que tenemos las coberturas más bajas de la región, como en el caso del número de profesionales y técnicos de medicina y de investigadores. La educación media requiere expandirse en más del 40%, lo que exige docentes en múltiples disciplinas. Las instituciones públicas del área de infraestructura necesitan más técnicos y profesionales teniendo en cuenta la necesidad de monitorear la ejecución y fiscalizar la calidad de las obras.
Casi cualquier área de prestación de servicios del sector público necesita el refuerzo de su capital humano, ya que, al final de cuentas, son las personas las que garantizan el cumplimiento del rol del Estado en la sociedad.
Sin embargo, para que las políticas públicas funcionen, además de contratar funcionarios de manera transparente y garantizando idoneidad, estos deben ser incorporados a una carrera profesional que les garantice estabilidad en su empleo y oportunidades de promoción y remuneración en función de su perfil y de sus responsabilidades y logros, al margen del gobierno que coyunturalmente cada 5 años ejerza el poder.
Nuestro país está todavía muy lejos de este ideal. Es un hecho muy evidente que no hay ninguna señal positiva que permita asumir cambios en beneficio de la ciudadanía. Al contrario, los mensajes sobre la coloradización de los cargos públicos y de la partidización de las políticas son cada vez más explícitos.
Lastimosamente, el aparato estatal sigue siendo un botín político donde se distribuyen cargos para saldar deudas partidarias, con lo cual la información sobre más recursos presupuestarios para pagar salarios, en lugar de constituir una buena noticia para la ciudadanía que espera mejores servicios, genera malestar.
El Gobierno, los parlamentarios y la alta gerencia de la función pública deben responder a las necesidades y derechos de la ciudadanía. Deben dar señales de que tienen la voluntad de mejorar las condiciones de vida de la población.
Ese es el objetivo último del Estado y, por añadidura, de los políticos que asumen cada 5 años y de los funcionarios públicos cuyos sueldos son pagados con los impuestos de los contribuyentes.
Esperemos que todos cumplan la parte que les corresponde. La situación no está bien, ni económica ni anímicamente.
La política fiscal y el Presupuesto público como principales instrumentos deben ser capaces de garantizar la oferta de bienes y servicios públicos de calidad.
Sin recursos humanos comprometidos con el país no será posible una realidad diferente y, menos aún, si la política salarial en lugar de colaborar con la profesionalización y la gestión para resultados termina siendo el botín para repartir dinero y mantener la lealtad partidaria. El Estado paraguayo debe dejar de ser el botín político de un partido y pasar a servir a toda la ciudadanía.