Los defensores públicos María de la Paz Martínez y Eduardo Velázquez solicitan la nulidad del fallo y, por decisión directa, la absolución de culpa y pena del procesado Marabel.
Los mismos sostienen que el fallo era manifiestamente infundado; es decir, las juezas Gloria Garay, Gloria Hermosa y Alba González, en su sentencia del 2 de noviembre pasado, no dan argumentos.
Asimismo, también dicen como motivos de nulidad el allanamiento sin orden judicial, donde recolectaron las pruebas usadas para la condena. También la declaración del imputado ante la Policía, la cual es prohibida, y la detención sin orden fiscal ni judicial.
También hablan de la inclusión y exclusión de pruebas. Dicen que hubo valoración fragmentaria de las pruebas, inobservancia de un precepto legal, violación de la libertad probatoria y de las reglas de la sana crítica, a más de que tampoco se fundaron los 10 años de medidas de seguridad.
Por otro lado, Bruno Marabel, que está en Cereso, fue inspeccionado por un médico forense, tras la denuncia de torturas hecha por su padre.