Para el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo seno ayer dictaminó en mayoría en contra del juicio político y una minoría a favor, las causales no se circunscriben solo al ámbito de la Fiscalía e intervienen varias entidades.
“Absolutamente todas las acusaciones contra Sandra Quiñónez carecen de una responsabilidad personal e involucran a otras instituciones más allá de la actuación del Ministerio Público. Son funciones que competen tanto al Ministerio Público como al mismo Poder Judicial, así como a otras instituciones de la administración como la Contraloría y la Secretaría de Prevención del Lavado de dinero (Seprelad)”, sostuvo.