04 mar. 2024

Lugo plantea la creación de una Secretaría de Inteligencia

El objetivo del Gobierno es la conformación de grupos especializados en materia de investigación para casos de secuestros y terrorismo. El tema ya fue objeto de fuertes críticas en el periodo anterior.

detenidos en 15años por error

El presidente Fernando Lugo reactivó la idea de crear la Secretaría Nacional de Inteligencia como una de las prioridades que impulsará el Ministerio de Defensa Nacional en el marco de la política de seguridad.

La determinación presidencial se dio a conocer a los legisladores y pretende fortalecer las acciones que está emprendiendo el Gobierno para desarticular el crimen organizado, y en particular para combatir con mayor eficiencia al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El jefe de Estado está trabajando con las altas autoridades de Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa. “La creación de la Secretaría de Inteligencia Nacional está marcada como prioridad”, manifestó Lugo.

Un alto jefe militar manifestó que el presidente de la República pretende optimizar las tareas de inteligencias y evitar que haya trabajos independientes de cada grupo como Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En los operativos realizados durante el estado de excepción, concretamente en Jhuguá Ñandú, se visualizó la falta de coordinación entre los policías y militares, quienes mantienen una constante rivalidad. Los informes de inteligencia y los trabajos realizados en la búsqueda del EPP en el departamento de Concepción reflejaron que no existe la mínima coordinación entre ambas fuerzas, que finalmente terminaron enfrentados y posibilitaron la fuga de los secuestradores.

Desde el 15 de agosto, el Gobierno de Lugo abre un nuevo periodo y también emprende su propia batalla contra el EPP, pero sin resultados efectivos hasta el momento, ya que los principales cabecillas siguen prófugos.

TAREAS. La Secretaría Nacional de Inteligencia se encargará de obtener información y procesar datos, así como las estrategias de seguridad. La misma debe ser presupuestada y también puede recibir cooperación internacional.

Todos los países de la región cuentan con sus respectivos servicios de inteligencia. Argentina y Brasil tienen hace muchos años, pero con muchas dificultades.

Estos países tuvieron una tendencia al espionaje doméstico y la mantención de prácticas operativas de los gobiernos de facto.

En Argentina está dirigida por el secretario de Inteligencia, quien es un miembro especial del Gabinete de ministros. Inteligencia se fortaleció luego del atentado a la AMIA.

Se maneja por leyes y decretos de carácter constitucional secreto, y tiene a su cargo el trabajo de producir un ciclo de inteligencia completo para el gobierno. Además, es considerada un cuerpo técnico con la capacidad de recolectar y producir datos internos y externos.

PLAN FRUSTRADO. En marzo de 2005, el ex presidente Nicanor Duarte Frutos había planteado justamente la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Fue en el marco de una cumbre de poderes, cuya reunión se desarrolló en la sede legislativa.

En aquel entonces, el Gobierno enfrentó las mismas dificultades en materia de seguridad.

Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo generó un fuerte debate político, principalmente de los sectores de la oposición. El principal argumento, que fue el objetivo del mandatario de aquel entonces, era realizar espionaje a los legisladores y la clase política.

Pusieron en tela de juicio la falta de control externo.

PRIMEROS PASOS

Lugo avanzó en algunos pasos para enmarcarse a las exigencias de los otros países. Recientemente endureció las penas para los delitos de terrorismo. Aprobó la ley, a pesar de la resistencia ejercida por algunos movimientos sociales, campesinos y de organización de los DDHH.

Pese a que cuando fue obispo de San Pedro, el propio Lugo encabezó marchas y protestas contra cualquier intento de potenciar la ley antiterrorista. Hoy, en función de gobierno, tuvo que adecuarse a las normas internacionales. También prosperó la ley antisecuestro, que bloquea las cuentas bancarias de secuestrados y sus familias.

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