Argumentó que al poner este tope para los descuentos, las deudas podrán generar más mora y luego los casos pasarán a ser judicializados, lo que implica mayores gastos. Asimismo, los consumidores terminarán saliendo del sistema financiero.
“Como gremio somos conscientes de la problemática. Estamos de acuerdo en que está mal que las personas no reciban su salario, pero también está mal que las personas se endeuden más allá de su capacidad de pago. No buscamos el sobreendeudamiento, queremos un crédito que sea sostenible. Medidas de este tipo, si no son aplicadas de manera escalonada, pueden traer muchos problemas para las personas y empresas. Es como cortar artificialmente un sistema que hoy está funcionando, con sus problemas, pero está funcionando”, expresó.
El empresario remarcó que el hecho de poner un límite hará que el cliente entre en mora y afectará a la cadena de pago, integrada por bancos, financieras, bolsas de valores, proveedores y se vendría una avalancha de demandas.
REFINANCIAMIENTO. Montanaro precisó que las cuentas que son por débito no son cobradas con morosidad, el precio es limpio por más de que las personas se atrasen. Si se vendió algo en 24 cuotas, se cobra en 30, pero no hay sobrecostos para el comprador, indicó.
“Con un corte así, nosotros no vamos a tener otra que judicializar toda esa cartera y ahí sí ya hay intereses moratorios, honorarios de abogados. Quizás haya una protección en términos financieros para las personas, pero la deuda se va a duplicar o triplicar”, agregó.
La alternativa que propone la Capali sigue siendo un refinanciamiento o una reestructuración adecuada de la deuda y especialmente cuidar que los consumidores no contraigan nuevos compromisos, enfatizó.
El gremio espera que el Congreso solicite su participación para estudiar la propuesta del Ejecutivo.
PLANTEAMIENTO. El presidente Horacio Cartes envió el mensaje N° 703 al Congreso Nacional, mediante el cual oficializa la presentación del proyecto de ley que establece el límite de descuentos de salario autorizados por los trabajadores de los sectores público y privado.
La norma presidencial tiene por objetivo establecer la tasa del 25% dentro de la cual podrán efectuarse los descuentos de salario autorizados por los mismos trabajadores, tanto del sector público como del privado, a los efectos de dar protección al ingreso de los mismos.