A esto se suma que la única condena citada más arriba dio como beneficio la suspensión de la ejecución de la condena para los condenados; Édgar Saavedra y Rodrigo Suares. Es decir, ambos no pisaron la cárcel por el delito.
Cada granja de criptominería ilegal genera un perjuicio de entre G. 500 millones a G. 1.000 millones para la empresa pública. Sin embargo, la pena privativa de libertad, según el Código Penal Ley 1160/97, en su artículo 173, alcanza solo los dos años.
Penas mínimas. Luis Benítez, consultor Informático y pionero en las comunidades de Bitcoin, explicó que existen denuncias en las que la deuda de los infractores alcanza los G. 1000 a 2000 millones según el NIS. No obstante, a esa cifra no se puede llegar sin la complicidad de los funcionarios de la misma ANDE.
“Hay NIS que deben un año y cada mes no es G. 100.000, son G. 1.000 o 2.000 millones. Allí tenés la otra pata del negocio ilegal que ese tipo de acciones no podés hacer sin tener contacto en la ANDE porque si uno se atrasa dos meses ya te cortan. En esos casos no sucede eso”, cuestionó.
Señaló que los castigos penales deben aumentar hasta 10 o 15 años. Y que las multas deben incrementar de dos a cuatro veces lo robado para desalentar estas prácticas que afectan a toda la población.
ANDE. Hugo Rolón Fernández, gerente comercial de la ANDE, sobre presiones políticas que puedan recibir los mismos funcionarios para evitar intervenciones, afirmó que las mismas no existen.
“Tenemos el firme compromiso del presidente de la ANDE para combatir esto que está afectando enormemente a la institución, principalmente, en estos últimos dos a tres años. Lógicamente a la hora de las intervenciones, el funcionario recibe presiones de diferentes índoles. Tenemos el compromiso para realizar intervenciones. En menos de cuatro meses desactivamos 50 megavatios del sistema que estaban operando de forma ilegal”, explicó.
