EFE
Buenos Aires
El presidente argentino, Néstor Kirchner, eximió por decreto a los integrantes de las fuerzas de seguridad y a los funcionarios públicos de guardar el “secreto de Estado” para esclarecer casos de violaciones a los derechos humanos.
El decreto fue calificado como una “medida histórica” por la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien precisó que la norma permitirá la declaración de testigos, imputados y procesados en causas judiciales vinculadas con el terrorismo de Estado.
“La idea es que no haya ningún tipo de impedimentos, que las razones de seguridad de la nación que determinaron el secreto de la información no se transformen en un obstáculo para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia”, dijo Garré en una rueda de prensa.
La ministra explicó que esta excepción al respeto del “secreto de Estado” está limitada “a las situaciones de terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos”, independientemente de cuándo se cometieron los hechos investigados, es decir, no necesariamente durante la última dictadura militar (1976-1983).
Garré señaló que la obligación para militares, policías y funcionarios de guardar silencio constituyó muchas veces un “impedimento” y hasta un “pretexto” usado “para obstaculizar la acción de la Justicia”.
El decreto gubernamental, destacó la ministra, “es una demostración más del compromiso profundo que tiene este gobierno y que impulsa decididamente el presidente de luchar contra la impunidad”.
“LEYES DE PERDÓN”. Poco después de asumir como presidente en mayo de 2003, Kirchner lloró y pidió perdón en nombre del Estado por el silencio ante las “atrocidades” de la dictadura, se comprometió a abrir los archivos oficiales e impulsó la anulación de las “leyes del perdón” por parte del Parlamento, en agosto de 2003.
Esta nulidad derivó en 2003 en la reapertura de las dos causas judiciales más importantes por delitos de lesa humanidad cometidos durante los llamados “años de plomo” y supuso el regreso a prisión de varios ex militares.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron declaradas inconstitucionales a mediados de 2005 por la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse sobre la legalidad de los indultos para los jerarcas de la dictadura.
Kirchner sostuvo recientemente que tampoco “habrá pactos de impunidad” si hubo casos de terrorismo de Estado durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976), que es investigada por delitos contra los derechos humanos durante su gestión.