Esta semana, durante la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, los legisladores una vez más hallaron la manera de seguir dilatando el estudio de los pedidos de pérdida de investidura presentados en contra de los diputados colorados Ulises Quintana y Tomás Rivas y el liberal Carlos Portillo.
La excusa de los congresistas, la misma que vienen utilizando desde hace más de un año, es de que no existe un reglamento para el procedimiento de pérdida de investidura, aunque la propia Constitución establece que la falta de reglamentación de un artículo no constituye impedimento alguno para su vigencia.
Ahora de nuevo los líderes de bancadas y miembros de la mesa directiva decidieron que cada bloque presente el próximo lunes una suerte de reglamento, en formato de proyecto de resolución que posteriormente será analizado por el pleno. Es decir, el tema se seguirá analizando y discutiendo, lo más posible, para no resolver lo que grupos ciudadanos vienen exigiendo en continuas movilizaciones y actos de escrache: que los parlamentarios que tienen cuentas con la Justicia dejen de ser protegidos por los fueros y rindan cuentas de sus actos ante la ley, como cualquier ciudadano.
La actitud de los diputados es un claro retroceso para el proceso de saneamiento de las instancias políticas republicanas que viene siendo reclamado por sectores ciudadanos hartos de la corrupción. Las denuncias en la prensa y las movilizaciones ciudadanas habían conseguido que, en menos de un año, cinco legisladores fueran echados del Poder Legislativo o forzados a renunciar al cargo para el que habían sido electos, ante las acusaciones de tráfico de influencias y otros delitos. De este modo, han sido sacados el senador colorado Óscar González Daher, el senador del Partido Unace Jorge Oviedo Matto, el diputado colorado José María Ibáñez, el senador colorado Víctor Bogado y el senador liberal Dionisio Amarilla, envueltos en acusaciones por casos de corrupción que se han vuelto emblemáticos.
Ahora están en lista de espera: Ulises Quintana, imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; Tomás Rivas, imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso; y Carlos Portillo, acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial.
Los legisladores tienen que reconocer el hartazgo de la gente y evitar la complicidad corporativa que abona la corrupción.
