Los reclamos ciudadanos para la clase política, en demanda de mayor transparencia, honestidad, austeridad en el uso de los bienes públicos, atención a los problemas nacionales prioritarios como salud y educación, fin de los privilegios y el castigo a los que cometieron delitos, caen por lo general en el vacío. A nadie parece molestarle que a la Cámara de Diputados se la conozca como la “cámara de la vergüenza”, convertida en una instancia en la que cada vez más se rigen por los intereses personales por encima de los intereses de la mayoría.
Una muestra de la sordera para seguir ignorando el clamor de la calle es que el presidente saliente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, investigado por la Justicia, creó sin motivo alguno que las justificara 27 nuevas direcciones y coordinaciones para ubicar a los recomendados de sus colegas parlamentarios, como publicó recientemente este diario.
Pero eso no es todo, hay más ejemplos del derroche que se hace del sufrido aporte de los paraguayos para sostener al Estado, y es sin lugar a dudas la creación, desde el 2010, de las denominadas oficinas regionales. Las funciones de estas son, supuestamente, escuchar las inquietudes ciudadanas en cada departamento y estar más cerca de los requerimientos y puntos de vista de los representados.
Comenzaron con uno o dos funcionarios y de a poco fueron aumentando la cantidad de amigos y correligionarios que cobran salarios pagados por los contribuyentes al Fisco hasta completar hoy más de un centenar. En cada periodo parlamentario se fueron agregando mayor número de funcionarios en estas dependencias, y se puede presumir que en la mayoría de los casos son operadores políticos que ni siquiera acuden a sus oficinas.
Actualmente, y de acuerdo con datos de la Cámara de Diputados, en total son 120 los funcionarios adscritos a las oficinas parlamentarias. El control de asistencia a los mismos es prácticamente nulo, ya que están a cargo de las instituciones en donde están instaladas sus oficinas, y la mayoría no cuenta con reloj biométrico que pueda servir para corroborar la presencia.
Sabido es que las oficinas regionales no cumplen el fin para el que dijeron que fueron creadas. Solo son fachadas para una nueva expresión del despilfarro y el abuso de poder de parlamentarios irresponsables que socavan cada vez más la autoridad del Parlamento. Esto, en el futuro inmediato, puede ser nefasto para la democracia paraguaya porque no han de faltar mesiánicos que partan de sus abusos para imponer de nuevo un régimen autoritario.
En las condiciones actuales de inoperancia y abultamiento absurdo del gasto público, no existen fundamentos como para que el dinero de los que pagan sus impuestos siga siendo despilfarrado para mantener a funcionarios que cobran salarios, pero no aportan al desarrollo de la República.
Como las oficinas regionales no sirven al pueblo paraguayo sino solo a unos cuantos legisladores que se aprovechan de su poder coyuntural, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, tiene que suprimirlas. Ello será un gesto que enmendará un error y permitirá pensar que alguna esperanza de recuperación moral todavía sobra en la Cámara de Diputados.
