Editorial

La traición en Itaipú exige castigo y juicio ético a los responsables

El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) —que evidencia una negociación ilegal para favorecer arbitrariamente a Brasil— revela el escaso compromiso de nuestras autoridades con la ciudadanía paraguaya. Es indignante que se haya cedido soberanía de manera tan obsecuente y en contra de los intereses nacionales. El país debe hacer un juicio ético a las autoridades que por acción u omisión fueron responsables de esta situación a lo largo de los años, ya que al parecer no es posible que se les juzgue con las normas vigentes. Si el marco legal actual deja impune la traición a la patria, la lesión de confianza o cualquier otro delito, el juicio ético ciudadano debe constituirse en el mecanismo para repudiar la actitud de las autoridades. Estas conductas deben ser castigadas de manera que queden como precedentes y que nunca más vuelvan a ocurrir.

Todas las autoridades que pasaron por la Entidad Binacional Itaipú —incluyendo consejeros, además de los presidentes de la República y los ministros de Relaciones Exteriores— deben ser evaluados y juzgados en el marco de un juicio ético que analice su rol en la aprobación o en el mantenimiento del statu quo a costa de los beneficios para la ciudadanía paraguaya.

No debe quedar una calle o plaza, un monumento, un edificio, una promoción de estudiantes o ninguna otra infraestructura o acción pública con el nombre de estas personas que traicionaron su país al permitir la pérdida de soberanía y de recursos económicos tan necesarios para el desarrollo nacional y la calidad de vida de las personas.

Paraguay es un país pequeño, pero a la vez con una baja cobertura de políticas públicas, sean estas de salud, educación, infraestructura vial, vivienda, agua y saneamiento, entre otros. Cualquier ampliación de las redes de servicios tiene la potencialidad de impulsar un gran efecto multiplicador beneficiando a la población.

El rezago que tiene nuestro país en cualquier ámbito lo ubica en cualquier ránking de indicadores de desarrollo entre los diez países de menor calidad de vida o bienestar, lo cual constituye a primera vista una contradicción, teniendo en cuenta su riqueza en recursos naturales y energía renovable.

El informe que presentó la CGR no solo cuantifica el daño económico para Paraguay a partir de un minucioso análisis documental. También revela la sumisión y la brutal falta de compromiso con nuestro país de nuestras propias autoridades. El referido documento explicita el nombre de una autoridad responsable en particular; sin embargo, fueron muchas las autoridades involucradas y con responsabilidad en las decisiones, tanto en la entidad como en el Poder Ejecutivo.

La ciudadanía tiene que conocer los nombres no solo de quienes tomaron y refrendaron decisiones, sino también de quienes sabiendo las consecuencias negativas no hicieron nada por cambiar la situación cuando les tocó ejercer su autoridad posteriormente.

En este momento, ex alumnos de la Facultad de Ingeniería (UNA) están impulsando la iniciativa de cambiar el nombre del edificio denominado Enzo Debernardi por otro en homenaje a personas que sí han hecho aportes relevantes a la carrera. Esta solicitud obedece a que justamente esta persona es una de las que avalaron e inclusive justificaron la reducción del precio de la tarifa y el perjuicio que ocasionó a Paraguay.

Si el marco legal actual deja impune la traición a la patria, la lesión de confianza o cualquier otro delito, el juicio ético ciudadano debe constituirse en el mecanismo para repudiar la actitud de las autoridades. Estas conductas deben ser castigadas de manera que queden como precedentes y que nunca más este hecho vuelva a ocurrir.

No hay que olvidar que estamos a las puertas de la renegociación. Los negociadores deben tener muy claro que la ciudadanía les estará mirando y que no pueden volver a poner los intereses del Brasil o de algún sector corrupto nacional antes que el bienestar de Paraguay.

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