La presentación inicial de un proyecto de ley con muchas debilidades generó un rechazo generalizado por lo que el gobierno tuvo que presentar otra con el aval de algunos gremios deslegitimados por la gran mayoría de trabajadores que no participaron en el debate.
El apuro por la aprobación y la represión profundizaron la crisis, agregándose la difusión de un acuerdo gubernamental con el Fondo Monetario Internacional (FMI) operacionalizado en el Instrumento de Coordinación de Políticas de Paraguay (PCI, por sus siglas en inglés).
La percepción generalizada a nivel global sobre el FMI es negativa, así como en Paraguay, por lo tanto, la difusión de ese informe en el que consta el compromiso de Paraguay de crear la Superintendencia agregó disconformidad.
La construcción o reformas de los sistemas de seguridad social requieren la participación activa de todos los involucrados, tanto de los que ya están jubilados como de los aportantes, incluso de quienes están excluidos. Esta participación es parte del acuerdo democrático, pero también es imprescindible de manera particular en esta política porque afecta a la vida de las personas desde que nacen hasta que mueren.
La posibilidad de tener una vejez con autonomía económica se gesta desde el nacimiento con la acumulación de capital humano que en la vida laboral permitirá ampliar las oportunidades laborales y aumentar la productividad y los ingresos laborales, bases del aporte que finalmente se convertirán en una jubilación.
En Paraguay, el 85% de los ingresos de los hogares proviene del trabajo, por lo que la afiliación a algún mecanismo jubilatorio es la opción que tiene la gran mayoría de los paraguayos para una vejez digna. Solo una minoría puede ahorrar durante el periodo laboral en inmuebles o activos financieros que le reditúen ingresos en el momento del retiro. Por eso, la relevancia de contar con un sistema que tienda a la cobertura universal.
A pesar de la relevancia para la calidad de vida, nuestros mecanismos solo cubren a alrededor del 25% de la población ocupada y al 12% de la población total adulta. Es decir, la mayoría de las personas no va a contar con ingresos dignos en la vejez.
Paraguay necesita una reforma estructural que permita la ampliación del sistema a la mayoría, pero ello requiere diálogo y negociación para generar confianza en la ciudadanía que aporta o que es aportante potencial.
El manejo gubernamental del proyecto de ley desde que inició fue inapropiado. El planteamiento de impunidad a funcionarios públicos, una posible ventana a la privatización de los fondos y los préstamos al Estado en la primera versión generaron rechazo hacia la propuesta de creación de la Superintendencia, cuya necesidad es innegable.
Con esta crisis, sentarse a consensuar otros temas igualmente relevantes para la sostenibilidad financiera se hace casi imposible y cualquier ley de reformas futuras que aprueben por mayoría será una norma muerta como en muchos otros casos.
El apego a las normas de la seguridad social de manera voluntaria o no coercitiva está en la base del éxito de una ampliación de la base contributiva. De otra manera, tendremos 50% de evasión a los regímenes obligatorios como es actualmente y la nula afiliación en los regímenes voluntarios. Y en un régimen democrático no se puede salir a garrotear o reprimir a trabajadores para convencerles de que se afilien.