Economía

La privatización de Acepar resultó un mal negocio estatal

 

El proceso de privatización de Aceros Paraguayos SA (Acepar) que se inició en 1997 bajo la presidencia de Juan Carlos Wasmosy, solo conoce de una serie de demandas y contrademandas que terminaron por vaciar a la empresa y dejarla con un pasivo de más de 50 millones de dólares y la planta parada y con panorama cada vez más complicado para su reactivación.

De acuerdo con los antecedentes, cuando el presidente Fernando Lugo asumió el poder, en el 2009 demandó por incumplimientos graves de varias cláusulas del contrato de compraventa a los accionistas. Esto fue en noviembre, poco antes de que se complete el proceso de privatización con el pago de la última cuota de cinco millones de dólares.

Pero los problemas se presentaron desde el mismo momento en que la empresa Cerro Lorito SA con el 66,7% de las acciones asumió la empresa en 1998. Eran principales accionistas el ingeniero Guillermo Stanley y el arquitecto Juan Carlos Canese.

Luego aparece en escena el polémico empresario argentino Sergio Taselli como nuevo propietario de las acciones mayoritarias (el 33,3% quedó en poder de la Cooperativa de Trabajadores de Acepar Cotrapar) y de ahí en adelante se fueron sucediendo demandas judiciales arbitrales.

En el 2004 también aparece como presidente del Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), Manuel Riera Escudero, quien reclamó al gobierno de entonces seguridad jurídica para que la firma pueda seguir invirtiendo.

No obstante, entre el 2000 y 2003 dos laudos arbitrales determinaron quitas de más de 13 millones para el Estado en el precio inicial de 35 millones de dólares que se había establecido como precio.

Los citados laudos fueron temas de controversia en los sucesivos gobiernos de RaúlCubas, Luis Ángel González Macchi, Nicanor Duarte Frutos y Lugo.

En concreto, los nuevos dueños mayoritarios de acciones (Cosipar) habían establecido una serie de reclamos por indemnizaciones a obreros, como también supuestos resultados de pérdidas.

Ya bajo el gobierno de Horacio Cartes, en el 2014 se interpuso una demanda y Acepar quedó bajo administración judicial, luego de denunciar el vaciamiento de la empresa. El entonces procurador, Roberto Moreno, inició acciones para que un tribunal arbitral decida si corresponde que las acciones vuelvan al Estado, por incumplimiento de contrato, pero el tribunal nunca se integró.


Cuarto intermedio en negociación
Representantes de sindicatos de obreros de Acepar y el procurador general de la República, Sergio Coscia, mantuvieron ayer una reunión para ver las alternativas de solución que apunten a reactivar la planta siderúrgica.
Enmanuel Ayala, dirigente sindical, apuntó que quedaron en un cuarto intermedio hasta hoy. Adelantó que por lo conversado ayer quedaron esperanzados en avanzar hacia un acuerdo y lograr el objetivo que es que los puestos de trabajo se recuperen con una inversión para que Acepar vuelva a producir.
Aclaró que la movilización iniciada la semana pasada frente a la sede de la Procuraduría va a seguir hasta tanto se llegue a un acuerdo bien concreto.
“Aquí lo que pedimos es una solución al problema de Acepar, a fin de que pueda volver a producir. Estamos esperanzados en que se pueda, en la brevedad posible, concretar alguna alternativa para la tranquilidad de los trabajadores y todos recuperemos nuestro sustento”, enfatizó.

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