En marzo de este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había dado a conocer un informe sobre derechos humanos referentes a nuestro país, en el cual resaltaba que la impunidad en Paraguay es endémica entre los funcionarios de alto nivel. El informe de 28 páginas mencionaba la corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno y puntualizaba que, si bien tenemos leyes que sancionan penalmente a funcionarios corruptos, no son aplicadas de forma efectiva.
Aquel informe especial presentó un vergonzoso recuento. Para el 17 de octubre de 2022, los casos de corrupción de alto nivel sin resolver incluyeron a cuatro ex ministros de administraciones pasadas, dos ex ministros de la actual administración, tres ex integrantes y siete actuales miembros del Congreso, un ex fiscal general, tres ex gobernadores y un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Esta es la realidad de nuestro país, donde los hechos de corrupción y los culpables de estos hechos gozan de la más absoluta impunidad. No debe por ello sorprender, pues, que una institución como la Policía Nacional esté infectada por el mismo mal que aqueja a nuestra clase política. Porque, de la misma manera en que hay dirigentes políticos y funcionarios públicos capaces y honestos, también se debe considerar que hay dentro de la institución policial efectivos que no ceden a la corrupción o no se vinculan con la delincuencia.
Conviene hacer memoria de lo que fue la Policía durante el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. Las pruebas de ello permanecen resguardadas en el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, en el Palacio de Justicia. Allí se encuentran depositados los archivos de la Policía, lo que conocemos como el Archivo del Terror. Toda la prueba documental expone el accionar de la policía durante los 35 años de dictadura. Este archivo contiene libros de entrada y salida de presos, informes de vigilancia domiciliaria de opositores, declaraciones de los detenidos, control de partidos políticos, de centros de estudiantes y sindicatos; contiene fichas de detenidos de Investigaciones, sección Técnica y Departamento Judicial; cédulas de identidad y pasaportes; fotografías de detenidos, de actos políticos, cumpleaños, bodas y álbumes de fotos familiares robadas en los allanamientos de la Policía.
La Policía de Stroessner, dentro de un gran esquema de impunidad, detenía de manera arbitraria, secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía a todo aquel que adversara al dictador. La democracia lamentablemente no avanzó en términos de profesionalizar la institución y por eso nos encontramos con esta situación desastrosa. La Policía conservó su práctica represiva y no pudo convertirse en una institución útil y al servicio de la población. Es por eso que la gente no solamente desconfía, sino que teme a la policía.
Las nuevas autoridades tienen ante ellas un enorme desafío. Frente a la situación de uniformados descubiertos en procedimientos irregulares y pedidos de soborno, el nuevo comandante de la Policía, Carlos Benítez, propone la creación de un departamento paralelo al de Asuntos Internos, que no esté vinculado a la Comandancia, como estrategia de combate a la corrupción interna, idea que ya fue apoyada por el ministro del Interior. Enrique Riera ha propuesto la estrategia del premio y castigo: “Hay que premiar a quienes hacen bien y castigar a quienes hacen mal. Que este grupo (policías imputados por secuestro) no sea trasladado a una comisaría de Canindeyú. Muchas veces se recicla y después uno encuentra antecedentes en Google”, prometió.
Se deben depurar las filas policiales, no será fácil y hará falta una decisión política, pero es necesario que la población pueda confiar en la institución.