Las transferencias de ingresos realizadas por el Gobierno, tanto a partir de programas existentes como Tekoporã y la pensión alimentaria para personas mayores como los generados en la pandemia –Pytyvõ y subsidios de IPS–, tuvieron un impacto positivo no solo en la estadística de pobreza, sino fundamentalmente para tranquilizar la angustia que generó la llegada de la enfermedad y el paro de actividades.
El último dato disponible de pobreza –2019– señala que casi un cuarto de la población se encontraba en esta situación, siendo la niñez y adolescencia el grupo etario más afectado. Con la estrategia del aislamiento preventivo, una cantidad importante de trabajadores redujeron sus ingresos y, en muchos casos, perdieron sus empleos.
Si bien las estadísticas laborales muestran la paulatina recuperación de empleos, se requiere más tiempo para dimensionar la profundidad de los efectos y, sobre todo, la temporalidad, ya que muchos de ellos serán de largo plazo.
Este contexto de pobreza infantilizada junto con pérdidas de empleos puede que no sea coyuntural. Los estudios en Paraguay muestran que la pobreza es uno de los determinantes del trabajo infantil y adolescente y este, a su vez, afecta a la deserción escolar. Si se tiene en cuenta esta secuencia de factores, la reducción de los ingresos laborales de los adultos durante la pandemia puede generar un aumento de la participación laboral de los niños, niñas y adolescentes en el momento de la recuperación económica y, derivado de este, la exclusión del sistema educativo.
El contexto educativo tampoco ayudó, ya que las clases se realizaron durante todo el año a distancia sin las condiciones mínimas para las familias, como una buena conexión a internet, computadoras adecuadas y recursos monetarios suficientes para garantizar el pago de un servicio con la calidad necesaria.
Las fuertes relaciones existentes entre trabajo, pobreza y educación hacen que, aunque la pobreza monetaria aumente poco y se revierta la situación rápidamente, las consecuencias puedan ser más profundas que las percibidas monetariamente.
La recuperación económica basada en el aumento del PIB no debe ser la medida de la evaluación del desempeño económico, tampoco el nivel de pobreza. Las autoridades deben analizar con rigurosidad y de manera comprensiva la situación socioeconómica de las familias y de sus integrantes por sexo y por edad de manera a conocer mejor las consecuencias y diseñar las políticas que se requieran para enfrentar los efectos de largo plazo.
Otras variables que podrían estar vinculadas son el endeudamiento o la pérdida de activos de los hogares para sobrevivir durante la pandemia. Ambas se proyectan en el futuro obstaculizando las mejoras en la calidad de vida y la salida de la pobreza.
Así, el Gobierno debe utilizar todas las herramientas disponibles para dimensionar suficientemente los efectos en la pobreza y el empleo, pero no deberá quedarse en esos datos parciales, sino en todos los que se vinculan de manera directa a los mismos. Debemos salir del discurso exitista de la recuperación económica y de la visión limitada al dato cuantitativo y estático de pobreza.
