Aunque existe el consenso de que son los llamados adultos mayores los que componen el grupo de mayor riesgo ante los efectos de la pandemia del coronavirus, por su avanzada edad, y por tanto deben merecer la atención y los cuidados prioritarios, en la práctica existe otro sector mayoritario que se expone mucho más, y que en la actualidad se encuentra prácticamente abandonado por el Gobierno y totalmente desprotegido en medio de la crisis.
No referimos a quienes son considerados como miembros de la población económicamente activa (PEA), la franja de personas en condiciones de trabajar, comprendida esencialmente por quienes tienen entre 18 y 59 años de edad y que, según los datos estadísticos, en el Paraguay la componen unas 3.563.000 personas, más del 50% de los habitantes, de las cuales unas 3.363.000 se encuentran con alguna ocupación laboral.
De gran parte de este sector poblacional forman parte las personas que a duras penas está logrando mantener al país en pie, en medio de la crisis sanitaria, con sus consecuencias de crisis económica, crisis social y también crisis política. Es la gente que, en gran medida, desafía cotidianamente a la transmisión comunitaria del virus para concurrir a sus puestos de trabajo, viajando en ómnibus atiborrados y sin control de cumplimiento de medidas sanitarias por parte de las autoridades, o que se exponen a convivir con situaciones de aglomeración en el ejercicio laboral, quienes deben salir a las calles a tratar de vender algo para garantizar el pan diario a sus familias, entre otros esfuerzos muy importantes.
Llamativamente, es este sector el que aparece más relegado en la lista de quienes deberán recibir las vacunas contra el Covid-19, el día en que lleguen en cantidad suficiente para abrir los procesos de inoculación. Ni siquiera tienen preferencia para obtener las vacunas contra la influenza, como una opción paliativa de protección, ya que en este caso también se da a niños muy menores y a adultos muy mayores, además de quienes tienen enfermedades de base.
Aunque es verdad que son los niños pequeños y los adultos mayores los que, por su vulnerabilidad, deben ser protegidos, en la realidad la mayoría de ellos permanecen en casa y son cuidados, mientras que los que componen la PEA son quienes sí deben salir forzosamente a trabajar, a exponerse, a lidiar con el virus, y son quienes hacen posible que la economía y la estructura del país sigan funcionando, a pesar de las muchas limitaciones que impone la situación sanitaria.
Hay que considerar, además, que son los integrantes de este mismo sector los más castigados cuando se dictan nuevas medidas restrictivas, toques de queda o cierres temporales de fuentes de trabajo. Son quienes en muchos casos son detenidos en barreras o se les imponen castigos de procesos fiscales, arrestos temporales o multas, por desafiar los decretos presidenciales, intentando ganarse la subsistencia.
Es tiempo de que las autoridades otorguen más consideraciones y garantías de protección a este sector, y principalmente que sea incluido muy pronto entre quienes deben recibir las vacunas para poder seguir sosteniendo al país.