“Las medidas sanitarias de distanciamiento social y la cuarentena están mostrando la absoluta incapacidad de las instituciones gubernamentales para dar respuestas urgentes, eficaces y eficientes, para asistir a los sectores más vulnerables en sus necesidades básicas”, dice.
Para Line Bareiro, abogada, politóloga y especialista en derechos humanos, lo que resalta es un Estado de privilegios, desde el sistema impositivo, hasta la malversación de fondos “destinando gran parte del presupuesto a quienes forman parte del poder político-institucional del Paraguay”. Para ella, lo bueno de la pandemia es que se inició el desmontaje de una parte de ese Estado de privilegios.
Además, que no se ha avanzado en la construcción del Estado social. “Si algo se desnudó fue la pobreza vergonzosa de las políticas sociales en el Paraguay. No tenemos nada sino clientelismo de la peor calaña, que es una especie de caridad que da el Estado a los y las pobres para que puedan comer”, lamenta.
El país lleva ya casi 20 años de políticas antipobreza “y resulta que ni siquiera tiene registrados a 300.000 pobres a quienes urgentemente había que dar una subvención mínima de supervivencia”. Agrega que ningún derecho social tiene una infraestructura y servicios en el Estado para que puedan universalizarse realmente derechos establecidos no solo en la Constitución y las leyes nacionales, sino en pactos, convenciones y estatutos de derechos humanos.. “No tenemos seguro de desempleo, ni educación de calidad, ni empleo formal que sea mayoritario y más evidente que nunca, ninguna garantía al derecho a la salud”.
En esta cuarentena, dice, miles de mujeres viven en violencia en sus casas y el Estado no tiene instrumentos para prevenir, en esta situación la violencia familiar, proteger la integridad de las mujeres y las niñas y castigar a los agresores.
Marcela Zub, abogada y especialista en derechos humanos de las mujeres, añade a la reflexión el sistema educativo como una de las mayores debilidades patentizadas en estos momentos. “La educación, en general, ha venido pasando de ser un bien público a una mercancía, con énfasis en la demanda y la competitividad, contradiciendo el principio de “igualdad de oportunidades” que debe garantizarse incluso en las instituciones privadas, resalta.
Añade “un ministro de Educación que evidencia su mediocridad y una pandemia que desnuda las falencias (que siempre estuvieron allí) de nuestro sistema educativo, de la brecha tecnológica y de las carencias económicas de gran parte de la población”.
El catedrático William Campo resume que se observa un divorcio entre el Estado, sus políticas y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación (con ciencia y tecnología a bordo), empleo y protección social; y también la producción de alimentos. La crisis sanitaria, dice, evidencia un denominador común: el abandono paulatino del sentido de lo público, que nos ha llevado al abuso de los recursos del Estado, a su captura por parte de las élites, con su consecuencia inmediata, la desinstitucionalización sistemática de su misión social. “Hoy este vacío de sentido de la cosa pública no solo se nota en buena parte de la estructura y el funcionamiento estatal, sino en la manera como la ciudadanía se relaciona con el Estado. Urge más vigilancia y control de la gestión del Estado para que sea realmente pública”, resalta.
Menciona además un sistema educativo partidizado, ineficiente, inequitativo y “en general de baja calidad”, así como políticas laborales que favorecen a unos pocos, generando empleos precarios, informalidad, desempleo, y desprotección social.
El ex senador Hugo Estigarribia resalta “la absoluta desconsideración de la clase política hacia la salud y la educación de los ciudadanos” y un presupuesto deficitario que está destinado a satisfacer a la clase política en sus privilegios y en incorporar cada vez más gente al Estado. Como resultado: “Estamos absolutamente indefensos ante cualquier hecho que afecta a la salud de la ciudadanía”, señala.