Caballero y el Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) se reunieron con pobladores de la localidad de San Isidro (norte), zona que se hubiese visto afectada por proyectos mineros, para celebrar la decisión del Congreso.
“Es muy importante el paso que se ha dado, pero aún tenemos muchos retos a seguir a raíz de esa Ley que prohíbe la minería”, manifestó Caballero, que también ofreció a la comunidad su “acompañamiento para seguir trabajando por la defensa del medio ambiente”.
San Isidro es una de las 5 localidades del norte salvadoreño antes de la promulgación de la ley emitieron ordenanzas municipales para prohibir proyectos de explotación de metales preciosos, esto previo una serie de consultas populares.
El último municipio en someter esto a consulta popular fue Cinquera (norte); anteriormente también lo hicieron San José Las Flores, Nueva Trinidad y Arcatao, este último del departamento de Chalatenango y el resto de Cabañas.
El pasado 29 de marzo el Congreso de El Salvador aprobó, con la concurrencia de todos los partidos, una ley que prohíbe la minería metálica por considerarla “una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias”.
Esta veta la explotación minera en “el suelo y bio-subsuelo del territorio” salvadoreño, e incluye las actividades de “exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo” y deja “sin efecto” todos los permisos de exploración previamente otorgados por las autoridades.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) aseguró el mismo día que se votó el cuerpo legal que el “impacto fiscal” que tendría la prohibición de la minería en El Salvador será “poco significativo”, debido a que el aporte de este sector al producto interno bruto (PIB) entre 2010 y 2015 ascendió apenas al 0,3 %.
La actividad minera en El Salvador estaba relativamente parada desde que el presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) estipuló en 2008 que no concedería permisos de extracción minera si no se realizaba un diagnóstico sobre el impacto en el medio ambiente y se promulgaba una ley que regulara al sector.
A raíz de esa negativa, la empresa canadiense Pacific Rim, que comenzó a operar en 2002 con unos permisos de exploración, llevó al país a un litigio por el que ahora debe al Estado salvadoreño 8 millones de dólares más intereses.
