Dibujemos un calendario básico. Por lo que sabemos hoy, el culebrón sanitario que supone la pandemia se extenderá cuanto menos hasta el primer trimestre del 2021, y la recuperación de la economía se sentirá recién hacia el segundo semestre del mismo año. Para entonces estaremos metidos hasta las cejas en las infumables internas políticas con miras a las municipales, con un Gobierno con respirador, un Estado endeudado como nunca antes en la historia reciente y un presupuesto público desbordado.
Así llegaremos al 2022, año en el que arrancará la carrera por las presidenciales del 2023. Imposible saber quién estará en qué carpa, quiénes serán aliados y quiénes enemigos. Lo único seguro es que el presidente Abdo Benítez estará para entonces más solo que la muerte. Y ese será precisamente el año en que se terminará de pagar la deuda de Itaipú. Eso significa que deberíamos llegar a ese momento histórico con una estrategia lista y en ejecución para renegociar el oprobioso tratado de la hidroeléctrica. O los brasileños, una vez más, nos fumarán en pipa.
En este mismo periodo, en teoría, el Congreso debería tratar los proyectos de reforma del servicio civil (cambiar las reglas de ingreso, salario y ascensos en la administración pública), la reestructuración del Estado (reducir el número de dependencias públicas), un cambio en el sistema de compras públicas, y la transformación educativa. Es de suponer que el solo anuncio de estos proyectos movilizará a la burocracia organizada y a la clientela política. Sindicatos estatales, seccionales coloradas, comités liberales y contratistas del Estado, todo aquel al que le horrorice cambiar las actuales reglas del juego se movilizará y hará lío.
Me preguntarán cómo se supone que podremos convertir semejante berenjenal en oportunidades de cambio. Creo que solo hay un camino por seguir. Esta pandemia desnudó como nunca nuestras miserias institucionales y la absoluta indefensión en la que nos encontramos en general quienes vivimos bajo la pésima administración del Estado. Los sistemas públicos de educación y salud son casi una mera excusa para gastar dinero. Su cobertura y resultados son miserables.
Suponer que la misma clase política responsable de la construcción y mantenimiento de este modelo lo cambiará por voluntad propia no es ser ingenuo, sino ridículo. Ellos no lo van a hacer. No les interesa eliminar el prebendarismo de los administradores de turno sino reemplazarlos.
Los únicos que podemos forzar los cambios somos nosotros, esa masa amorfa y desorganizada que llamamos sociedad civil. La opción de salida está en organizarnos. Movimientos estudiantiles, foros de académicos, comités de vecinos.
Algunos dicen que no hay motivación. ¿Será posible que nada hayamos aprendido en todo este tiempo? ¿Seremos los mismos que votamos a quienes a lo largo de casi cien años construyeron este modelo político de enriquecimiento ilícito para pocos y pobreza generalizada? ¿De nada sirvió la publicación de las impúdicas declaraciones juradas de bienes? ¿No tuvo impacto la constatación de las compras públicas amañadas, incluso en tiempos de pandemia?
Ingenieros, economistas, médicos, sociólogos, estudiantes, intelectuales, administradores, empresarios decentes, periodistas, dirigentes campesinos, trabajadores sociales. Nadie que pueda aportar se puede mantener prescindente cuando en los próximos años se debatan hechos que definirán la suerte o el infortunio del Paraguay en las próximas décadas.
No es cierto que las condiciones de hoy sean irreversibles. Los partidos políticos pueden desaparecer y ser sustituidos por otros. Las leyes se pueden cambiar. Los modelos se pueden transformar. Estamos atravesando una de nuestras peores crisis, animémonos a convertirla en una nuestra mayor oportunidad de cambio. Esta sí es la madre de todas las batallas.
