Si fuera diplomática ingresada a la carrera por concurso nacional de oposición y méritos que se puso en marcha desde el 2007, estaría cuanto menos preocupada porque la propia Cancillería no tomó con la debida atención un proyecto de ley que pretende derogar la ley que reglamenta el servicio diplomático y consular desde 1999, y reemplazarla.
Una propuesta que, a su vez, reemplazó a otra muy cuestionada por el gremio diplomático entre el 2019 y finales del 2020, hasta que fue retirada por los senadores que buscaban con ella modificar 9 artículos de la ley vigente (Nº 1335/99). Entonces, quien lidera el proceso de supuesta “modernización” de la carrera diplomática, la senadora Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, había organizado una audiencia pública virtual en plena crisis sanitaria para escuchar las distintas voces y otorgar el ropaje “democrático” al proceso de discusión del proyecto. Hubo una amplísima participación por parte de los diplomáticos de carrera, principalmente, aunque también de los funcionarios que están peor pagados y no cuentan con los privilegios de estos. Como resultado del proceso, el proyecto fue retirado.
Hoy fácilmente se puede colegir que tal proyecto en realidad fue solo un globo sonda. Sirvió como catalizador para medir la fuerza de los detractores a la intención de un grupo de senadores de buscar cambiar las reglas que regulan el servicio diplomático, además de arreglar un problema interno que viene arrastrando el Ministerio de Relaciones Exteriores desde que se creó el escalafón diplomático, hace 22 años, y un grupo de funcionarios quedó fuera. También, para regular la situación de los funcionarios técnicos, administrativos y del servicio civil que están regidos por otras normas y se hallan en condiciones ampliamente desventajosas frente a los que ellos denominan “funcionarios de primera”: Los diplomáticos. Es decir, una “pelota tata” que los sucesivos cancilleres de los últimos 20 años solo esquivaron.
Varios cancilleres hicieron la vista gorda a esta situación de confrontación interna canalizada por dos coordinadoras coloradas, un sindicato, una asociación de diplomáticos que defienden, cada cual, sus respectivos intereses conviviendo en un clima de desconfianza mutua.
Cuando en los meses finales de 2020 los senadores retiraron el proyecto de modificación de la ley del servicio diplomático y consular, Cancillería y la Asociación de Diplomáticos Escalafonados consideraron que lograron una victoria. Sin embargo, fue pírrica, pocas semanas después la senadora Samaniego y varios de sus colegas de la Comisión de RREE presentaron otro proyecto, no para modificar algunos artículos de la ley 1335/99, sino para sustituirla y con cambios muchos más temerarios aún.
Este proyecto estuvo 11 meses aguardando tratamiento y que las partes interesadas se manifestaran al respecto o Cancillería o Presidencia presentaran una alternativa. Pero no se generaron debates, ni hubo una campaña pública, ni el lobby que se dio cuando se hizo inminente la aprobación de la propuesta.
El canciller pidió que se aplazara el tratamiento del tema, días antes de aprobarse en plenaria del Senado.
De modo que todos estuvieron muy confiados en que el proyecto no correría, que no llegarían tan lejos. Menos aún, cuando en octubre el vicecanciller anunció que presentarían dos proyectos de ley como alternativa a la de los senadores. Una para crear el escalafón administrativo, otra para modificar la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero no sucedió esto, lo que demuestra que subestimaron el tema. Así dieron vía libre a la senadora Samaniego y colegas para llevar adelante el “plan de modernización” del servicio diplomático. Una tarea que debía haber liderado la Cancillería Nacional, con acompañamiento de los sujetos de la ley: Los diplomáticos, y la Academia Diplomática, pero que delegaron a un grupo de senadores.
