La denuncia guarda relación con la sentencia definitiva Nº 494, de fecha 23 de noviembre de 2018, mediante la cual la jueza mencionada dictó una resolución en la que se transfieren 300.000 hectáreas de la Asociación Espíritu Santo a cuatro empresas extranjeras, porque presuntamente la primera había incumplido en el pago de un crédito de USD 15 millones.
Señala además que las partes accionantes “son empresas off shore que fueron constituidas en paraísos fiscales (dos en Chipre y dos en las Islas Vírgenes Británicas) cuyos instrumentos públicos de “constitución” no están inscriptos en nuestro país; es decir, son empresas fantasmas que reclaman ser las cesionarias de un supuesto préstamo concedido a la Asociación Espíritu Santo”.
Pagaré. También señala que el supuesto pagaré por USD 15 millones carece de legalidad.
Otro punto cuestionado a la jueza es que los inmuebles se encuentran en la zona de seguridad fronteriza, regulado esto en la Ley N° 2532/05, que dispone que los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República, no podrán ser propietarios, condominos o usufructuarios de inmuebles rurales.
Antes se había cuestionado que la jueza haya firmado la resolución estando con permiso por maternidad.
La defensa habla de artimañas
Sobre la denuncia presentada ayer por el abogado Osvaldo Bittar, en representación de la Asociación Espíritu Santo, contra la jueza Tania Irún, por prevaricato, el representante legal de la magistrada, Rodrigo González Planás desmintió tales hechos y afirmó que las agresiones contra su defendida son “artimañas”.
Explicó que en noviembre de 2018, fecha de la resolución, no existían expedientes digitales y que recién en abril de 2019 empezó a funcionar este tipo de actuaciones.
Esto, teniendo en cuenta lo manifestado por el abogado Bittar, de que “el 23 de noviembre se autoriza su vuelta (de la jueza), con sello de cargo a las 13:00 y a las 13:02 la jueza sube la resolución de transferencia de las tierras al sistema informático”.
Remarca de que “se trata de una agresión contra los dispensadores de justicia para generar miedo”.
