Editorial

La inseguridad jurídica impide un mejor desarrollo del país

Varios informes internacionales dan cuenta del efecto que tiene la inseguridad jurídica en la economía paraguaya. Recientemente, uno de ellos puso nuevamente al Paraguay entre los peores países del mundo en este ámbito. Otros índices que reflejan los altos niveles de percepción negativa de la ciudadanía sobre la corrupción, el mal funcionamiento de las instituciones públicas, la desigualdad en el trato y el abuso de poder también evidencian las condiciones previas que socavan la seguridad jurídica. Las autoridades deben analizar las causas del pésimo posicionamiento de nuestro país en los ránkings internacionales e implementar las medidas que reviertan esta situación.

La inseguridad jurídica afecta negativamente al crecimiento económico, y por supuesto, a las oportunidades de desarrollo. La integración del Paraguay en la dinámica mundial debe ser a partir de sus ventajas competitivas sustentadas en una población activa y educada, viviendo en un contexto de apego a la ley, buen funcionamiento de las instituciones públicas e integridad de sus políticos y autoridades.

El índice publicado recientemente por Fraser Institute, denominado Economic Freedom of the World, pone al Paraguay en el lugar 76 en el promedio total, pero cae al puesto 128 cuando se trata de protección al derecho intelectual, al lugar 130 en seguridad jurídica y al 137 en regulación económica.

Si el Paraguay quiere abrirse al mundo en inversión extranjera directa, turismo o exportaciones de alto valor agregado, necesita cambiar esta situación. De otra manera solo recibiremos a “empresarios” de dudosos objetivos y antecedentes. Los ejemplos abundan, como Odebrecht, JBS o las empresas que compiten en los llamados de las alianzas público-privadas.

En lugar de recibir empresas que pueden ayudarnos a industrializar el país, agregarle valor a la producción nacional, transferir tecnología y generar empleos de calidad, solo tendremos a empresarios corruptos y rentistas, que se aprovechan de nuestros recursos y con una alta probabilidad de dejar más perjuicios que ganancias.

Además de afectar negativamente a la imagen del país, la inseguridad jurídica hace que este pierda recursos tributarios. Las exoneraciones que otorga Paraguay y que reducen recursos para financiar políticas públicas terminan siendo necesarias para subsanar el otro problema, aunque la evidencia en muchos países señala que al final el saldo neto es negativo. Es decir, perdemos recursos tributarios a cambio de recibir capital con escaso impacto en el crecimiento y el desarrollo.

Varios organismos internacionales señalaron en documentos recientes la relevancia de que el país avance en la aprobación e implementación de normas que aumenten la seguridad jurídica, fortalezca el funcionamiento de los organismos públicos y combata la impunidad como requisitos para mejorar el desempeño económico.

Sin embargo, es poco lo que el país está haciendo; si bien en las últimas semanas se observa un llamativo accionar judicial, esto no es suficiente para rever el profundo problema que enfrentamos en esta materia.

Esperemos que esta reacción no sea coyuntural. Al contrario, que el esfuerzo iniciado se traslade al resto de los funcionarios de las distintas instituciones que componen el sistema de Justicia y puedan verse, por fin, los delitos sancionados y los recursos públicos recuperados. Solo de esa manera se empezará a mostrar un país con apego a las normas y con un sistema político-judicial que no tiene dudas a la hora de penalizar acciones indebidas.

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