En pleno apogeo de la manifestación en los diferentes puntos del país que surgió con la suba de combustibles, la propuesta de encarcelar con 6 años de prisión a “quienes obstruyan, cierren o impidan el paso de personas o bienes en rutas nacionales e internacionales” apareció de la mano del neocartista Riera, la bancada de Patria Querida con Nani Arrúa como ariete; Hagamos, de la mano de Patrick Kemper; el llanista Fernando Silva Facetti y otros.
Los ideólogos pretendían una aprobación rápida, pero en el Senado pusieron freno de mano ya que no hay convencimiento sobre este nuevo giro de tuerca y decidió posponer el debate para más adelante. Algunos colorados adelantaron no estar de acuerdo con la propuesta porque consideran que solo elevará la tensión social.
No hace mucho la dupla Fidel Zavala/Riera logró criminalizar la ocupación de tierras elevando las penas hasta 10 años de prisión. Están felices porque dicen falazmente que bajó la tasa de ocupaciones. No se preguntan cómo están los campesinos sin tierra, qué necesitan, cómo pueden salir de su paupérrima situación.
La nueva propuesta legislativa desató debates y polémicas sobre si hace falta modificar el Código Penal (CP) para poner tras las rejas a quienes protestan cerrando rutas. Ayer, en el programa La Lupa de Telefuturo, el doctor Ricardo Preda, cuan paciente artesano de la ley, pulverizó el proyecto en cuestión señalando que no hace falta agregar una coma a lo ya establecido. Que el CP contempla todos los delitos probables que pueden ocurrir en un cierre de rutas.
Acotó que no hace falta tipificar con excesivo detalle un hecho punible. Y comentó como ejemplo absurdo la ley antisecuestro, que luego fue derogada justamente porque el CP ya establecía penas por ese hecho punible. En cuanto al cierre de rutas, explicó que, según el comportamiento de los manifestantes, pueden ser imputados por varios delitos, desde coacción grave, lesión grave en grado de tentativa, perturbación a la paz pública, coacción a órganos constitucionales y hasta intento de homicidio.
Con esto respondió a Riera, quien justificó su proyecto señalando que una fiscala argumentó que no podía imputar a los camioneros porque la figura del cierre de rutas no está penalizada taxativamente. De paso dejó sin argumento a los fiscales.
“Podemos hablar muy lindo de leyes, cambiar todo y subir penas, pero no va a cambiar si los operadores del sistema no actúan cuando deben de actuar. Acá hay un error grosero en el proyecto de ley porque primero tocan el artículo 216 del Código Penal y están vinculadas a la seguridad y a proteger la vía, no tiene nada que ver con cerrar rutas”, explicó el abogado.
Cuando se le consultó al senador colorado si luego de la paciente cátedra jurídica de Preda se mantenía en su propuesta legislativa, dijo que sí con oronda tozudez, desnudando que su intención no busca mejorar la arquitectura legal. Populismo punitivo le llaman los juristas, ese fantasioso “remedio” de aumentar penas a problemáticas sociales que ya están contempladas en otras figuras penales.
Su razón es electoral y apunta, como sus colegas firmantes, a conseguir el aplauso y el apoyo del sector más conservador de la sociedad para la reelección en el Senado. Un perverso cálculo político que horada la democracia porque profundiza grietas históricas y reduce una cuestión profunda como la desigualdad en un maniqueísmo perverso.
MIRADA HOLÍSTICA. Está más que comprobado que las leyes no son una solución mágica. Que son instrumentos de las instituciones para resolver los problemas. Que los conflictos sociales y económicos no se resuelven con leyes liberticidas. No desaparecerán los limpiavidrios, los secuestros, los sintierras con estos atajos legales.
No puede un legislador que blande su lucha contra la dictadura como propaganda de sí mismo desconocer el contexto político y social de un país donde los números de la pobreza y la desigualdad son una lacerante realidad. Que sabe que la escasa respuesta del Estado a los problemas sociales solo se da cuando la gente sale a las calles a exigir derechos. Hoy la mirada acotada solo ve a los camioneros, pero la propuesta legislativa es una peligrosa espada de Damocles para todos. Quietitos, en voz baja, al costado de la ruta, en la vereda para no molestar. Así serán las manifestaciones de quienes pretendan reclamar medicamentos, atención médica, mejor educación, alimentos, tierras, viviendas, repudios a la horda de corruptos.
El sueño de todo autócrata. La paz de los sepulcros.
Textual
“No estaremos todos de acuerdo, por eso discutiremos. La gente tiene que elegir a su candidato. La firma (del preacuerdo de la Concertación 2023) es un paso fundamental, con este paso se ratifica la voluntad de la concertación, es la unidad de la gente decente para vencer en el 2023. El 18 de diciembre la gente elegirá la chapa que representará a la Concertación. Ya estamos haciendo historia, juntos. Así se recupera la patria, que nada nos detenga”. (Efraín Alegre, precandidato presidencial liberal).
Lo que hay que saber
CIERRE DE RUTAS. Camioneros esperan que mañana el Senado apruebe una ley que le permita a Petropar a hacer compras directas. La detención de algunos de sus líderes bajó la tensión.
VER PARA CREER. El presidente Mario Abdo presentó un proyecto de ley para aplazar todo intento de aumento a estatales en tiempos electorales. ¿Correrá la propuestas en la ANR?
DERROTA POLÍTICA. La prisión domiciliaria del gobernador Hugo Javier por denuncias de corrupción lo dejó literalmente fuera de la institución. Los bloques ya disputan la vacancia.
FRENTE GUASU. Delegados del conglomerado de sectores de izquierda eligen hoy a su precandidato presidencial. Disputan los senadores Sixto Pereira y Esperanza Martínez.