Entre las medidas anunciadas, encomendaron al director de Seguridad, Freide Amarilla, y al jefe de Transporte, Miguel Ángel López Mendoza, verificar el sistema de seguridad de la flota de vehículos y personal asignado a los mismos, en la capital e interior, para elevar los estándares mínimos.
Además, se dispuso la realización en los próximos 30 días hábiles, de exámenes de antecedentes laborales, de desempeño, conductuales, sicológicos, siquiátricos y toxicológicos de todos los funcionarios y contratados que prestan servicios en las áreas de seguridad y de transporte en todo el país.
IMPUTACIÓN. Por otro lado, la fiscala Natalia Montanía imputó por homicidio doloso a Scappini Villalba. Requirió su prisión preventiva. A la tarde, la jueza Cinthia Garcete dictó su prisión. Scappini quedará en la Dirección Policial hasta que Justicia disponga en qué penal la cumplirá. El mismo es funcionario del Poder Judicial, con antecedente por tentativa de robo agravado.
Según la imputación, la víctima fue golpeada con un extintor al salir de su despacho cuando iba a bajar la escalera al final del pasillo de la planta alta del edificio del Juzgado de Hernandarias.
El artefacto le impactó en el rostro. Quiso defenderse y ambos rodaron por la escalera hasta la planta baja, donde el agresor también trató de estrangularla con un cable y la arrastró hacia la zona de las oficinas de la Defensoría Pública. Su muerte se produjo cuando el hombre la golpeó con una piedra en la cabeza.
Scappini Villalba declaró ante la Fiscalía que escuchaba voces en sus alucinaciones causadas por la droga y el alcohol.
Según dijo, intentó acabar con su vida en dos ocasiones. La médica forense halló rastros en su cuello, supuestamente ocasionados por el cordón de un zapato que usó para ahorcarse.
La Fiscalía dispuso un análisis de orina para determinar qué sustancia consumió el sábado último, cuando se registró el crimen. Tras su detención, el homicida confeso sostuvo que estaba poseído por el diablo en el momento en que cometió el asesinato.
Las dos mujeres, María Antonia Fernández y Natalia Medina Ríos, fueron liberadas ayer tras declaración testifical.
Repudio por el crimen y más seguridad para magistrados
El crimen fue repudiado por la comunidad jurídica del Alto Paraná, ya que todos coinciden en que Diana Evelyn Mereles era una excelente administradora de la Justicia.
La Asociación de Magistrados del Alto Paraná resaltó la “desprotección e inseguridad en el que se desenvuelve la gran mayoría de los operadores de la Justicia, quienes de día y noche y más allá del horario ordinario destinan su vida entera a su rol de impartir Justicia, lo que nadie se atreve a valorar”.
Ayer, el Dr. Delio Vera, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, solicitó en representación del gremio, la auditoría de los encargados de seguridad y de las personas con acceso a despachos judiciales.
