Los siete jueces que integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comenzaron ayer la deliberación para emitir sentencia en el juicio contra el Estado paraguayo promovido por Juan Arrom y Anuncio Martí, por supuesta desaparición forzada y tortura, y en el cual los ex dirigentes del partido Patria Libre reclaman entre ambos, y para sus familiares, una indemnización de USD 123 millones.
El 61 periodo extraordinario de sesiones de la Corte IDH comenzó oficialmente ayer y, según el procurador general, Sergio Coscia, comentó no tener la certeza de si la Corte resolvería sobre el caso.
“No tengo conocimiento del día que saldría o si es que sale o no (la sentencia)”, expresó Coscia.
Respecto a qué fallo se espera, dijo que naturalmente aguardan que la sentencia sea conforme a derecho, “ya que la defensa que expusimos abarcó cada uno de los puntos demandados”.
El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, durante los días 17 al 30 de enero de 2002. Ambos denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales, quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi. “Los peticionarios relataron que sus familiares emprendieron su búsqueda hasta que dieron con su paradero”, explica la página oficial de la Corte IDH.
El 1 de diciembre de 2003, Arrom y Martí obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil, que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez solicitó en enero pasado les sea revocado para poder reclamar la extradición al Paraguay.
En el proceso judicial que investigaba el secuestro de María Edith de Debernardi, Arrom y Martí fueron declarados en rebeldía por no comparecer al mismo. Ellos dos y Víctor Colmán estaban imputados por su presunta participación en este plagio.
La Cancillería Nacional aguarda que el Comité Nacional de Refugiados del Brasil resuelva sobre el pedido que el Gobierno Nacional formuló sobre la calidad de refugiados de Arrom, Martí y Colmán.
El procurador dijo recientemente que esperaban un resultado favorable para el Paraguay porque, a su juicio, quedó demostrado ante la Corte IDH, que no hubo tortura ni participación de agentes del Estado en la desaparición de Arrom y Martí, entre el 17 y 30 de enero de 2002, y, por último, que no se violó la presunción de inocencia. “De esos tres ejes nos acusaron y ninguno fue probado por la querella ni por la Comisión”, había expresado, poco después de la audiencia convocada por la Corte IDH, en su sede de Costa Rica, y a la que asistieron el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni.
El gasto del Estado en el caso es de USD 50.000, repartidos entre la Cancillería, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República.
