Por Luis Bareiro
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En la mañana del martes, los abogados contratados por el equipo de Víctor Bernal, ex director de Itaipú y actual senador colorado, lograron paralizar la investigación sobre el uso de fondos de la binacional en la campaña colorada con cinco recusaciones presentadas, una tras otra, en un lapso de cuatro horas.
Este festival de chicanas, cuyo único objetivo es apartar a los fiscales responsables de la investigación, no generó una sola reacción entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la única instancia que puede poner un límite al abuso del derecho en el que incurren sin pudor los profesionales contratados por el grupo de Bernal.
En un mismo día, los abogados recusaron a los fiscales Carlos Arregui, coordinador de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía; Arnaldo Giuzzio y Liliana Alcaraz, ambos integrantes del equipo de Arregui.
Esa misma mañana, los profesionales recusaron a dos ministros de la Corte que debían analizar una recusación previa, la de la fiscala Rocío Vallejo. Si se incluye al fiscal René Fernández, quien también fue recusado, suman siete recusaciones en un mismo caso, en el que ni siquiera hay imputados. Hasta ahora la carpeta fiscal está caratulada como pesquisa contra personas innominadas por supuesta lesión de confianza. Esto significa que ni siquiera se identificó a quienes eventualmente pueden ser acusados, y, sin embargo, hay abogados recusando, pese a que sus clientes aún no son partes.
La causa fiscal se basa en la investigación de ÚH sobre el uso de fondos de la binacional en el financiamiento de la campaña colorada correspondiente a las presidenciales de abril pasado.
Se trata de empresas privadas que facturaron a Itaipú la confección de materiales y la organización de eventos como si fueran servicios para la binacional, cuando en realidad formaban parte del plan electoral de la ANR.
La propietaria de una de estas firmas, Juana Torres, de JOP Publicidad, confesó la operación a nuestro diario.