El incumplimiento de las normas de seguridad social es una de las peores muestras de la ausencia del compromiso con el contrato social. El acuerdo solidario de garantizar el bienestar del trabajador a lo largo de todo su ciclo de vida parte de la importancia que tienen los trabajadores para garantizar el buen funcionamiento del sistema económico.
Las empresas solo pueden funcionar gracias a los trabajadores, el país no puede crecer sin el trabajo, las familias no se mantienen sin el trabajo. La seguridad social se creó bajo el supuesto de que tanto trabajadores como quienes tienen el capital asumen un acuerdo en el que cada uno solidariamente financia una parte de manera a garantizar el funcionamiento microeconómico.
La seguridad social, por otro lado, es un pilar fundamental de la sostenibilidad del crecimiento económico, ya que ofrece un piso de protección para que el capital humano desarrolle su potencial en condiciones de certidumbre y previsibilidad.
La protección financiera ante una enfermedad –seguro médico- y para el retiro –jubilación-, así como otras prestaciones como licencias por maternidad y paternidad y formación continua a través por ejemplo del SNPP y Sinafocal se crearon y son financiados buscando que la población trabajadora amplíe sus capacidades para aportar a su propio bienestar, a la productividad y rentabilidad de la empresa y al desarrollo del país.
En Paraguay, el 85% de los ingresos que tienen los hogares provienen del trabajo. Es uno de los países de mayor participación laboral tanto de hombres como mujeres. Las horas de trabajo promedio corresponden a los promedios laborales tradicionales, e inclusive en algunos sectores trabajan más de las 48 horas semanales asumidas desde el siglo XX, que en muchos países ya se redujo a 40 horas semanales. Además, existen 400.000 niños que realizan trabajo remunerado desde los 5 años.
Este importante esfuerzo no se traduce en ingresos laborales dignos ni en seguridad social. El 65% de la población trabajadora lo hace de manera informal porque está excluida de los derechos a la seguridad social, ya sea porque no puede financiar con sus ingresos, como el campesinado, o las ocupaciones de baja productividad o porque estando asalariado se incumplen las normas laborales.
Cada grupo de actores ve la corrupción en los demás pero no en sí mismo. Nos quejamos de la corrupción de los funcionarios, cuando que en muchos casos está de por medio el sector privado.
Una reciente encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo con la colaboración de la Cámara de Anunciantes del Paraguay encontró que solo el 1% de los empresarios encuestados contestaron que la ética y la integridad están entre las competencias solicitadas a sus trabajadores.
El IPS debe aclarar y penalizar sin contemplación el supuesto mal uso de los subsidios, que además fueron financiados por un endeudamiento cuyo pago se trasladará y quedará por muchos años futuros. La ciudadanía está harta de la corrupción ya que sufre sus consecuencias, y las peores ahora en la pandemia, ya que la vida misma está en juego. Todas las autoridades deben cumplir con el rol que tienen en el cumplimiento de las normas y su penalización. Esta vez le toca al IPS.
