AIDA -una coalición de 84 ONG de ayuda y desarrollo que trabajan en el territorio palestino- denuncia que las trabas no sólo tienen consecuencias económicas, sino que también impiden que la asistencia llegue a la población que más la necesita, comprometen la calidad de los programas y reducen su impacto a largo plazo.
“La restricción al movimiento que causa los mayores retrasos, mayores costes y tiene además un notable impacto en la programación es el sistema de permisos y visados que requiere el personal nacional e internacional para moverse entre Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania a fin de efectuar su trabajo”, señala el documento.
La coalición afirma que los procedimientos para obtener dichos permisos “carecen de transparencia” y son “burocráticos, lentos e inconsistentes”, lo que genera frecuentes retrasos y rechazos, difíciles además de apelar porque rara vez se comunican sus motivos.
Cita el ejemplo de que un 88 por ciento de los miembros de AIDA que necesitaban permisos para que su personal de Gaza pasase por Israel para llegar a Cisjordania y Jerusalén Este han visto “a menudo” sus solicitudes denegadas o sometidas a una larga espera que, con frecuencia, las hace ya irrelevantes.
Ante esta situación, un 31 por ciento de los miembros de AIDA se han visto obligados a emplear a una persona para gestionar permisos y visados, mientras que otros han optado por contratar expatriados, comprar equipos de videoconferencia o duplicar el puesto, porque el personal palestino difícilmente recibe luz verde para desplazarse entre Gaza y Cisjordania.
“En cualquier otro sitio donde no existieran estas barreras no nos plantearíamos siquiera tener una oficina en Gaza, a dos horas de Jerusalén”, explica Cristina Muñoz, representante en Oriente Medio de la ONG española Solidaridad Internacional.
Diego Gutiérrez, coordinador de Acción Contra el Hambre en los territorios ocupados, cuenta con personal palestino que estaría “perfectamente capacitado” para efectuar labores de coordinación logística, pero las limitaciones israelíes al movimiento obligan a traer a un internacional, que es hasta un 40 por ciento más caro.
El informe destaca que las trabas también han “incrementado significativamente” el coste de la entrega de la ayuda, sobre todo en el sector sanitario.
Por ejemplo, el Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL) pasó un año de trámites a la espera de que Israel permitiera la entrada en Gaza de un equipo diagnóstico de rayos X fletado desde Alemania y almacenado mientras tanto en el puerto israelí de Ashdod, explica su representante en Palestina, Iria Folgueira.
“No llegamos nunca a saber el motivo del sí, además de que generó problemas con la validez de la garantía y entró con pequeños desperfectos tras el año de almacenamiento. Los donantes tuvieron paciencia, pero podían haber requerido los fondos por incumplimiento de contrato”, relata Folgueira.
Otro motivo de aumento del presupuesto operativo de las ONG es, según el documento, el problema de acceso a los seis hospitales con atención médica especializada en Jerusalén Este, que ha llevado a invertir en clínicas móviles o personal extra.
AIDA también denuncia los “obstáculos para una ayuda humanitaria eficaz” que suponen los requisitos de registro administrativo tanto de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en Cisjordania, como del Gobierno de Hamás, en Gaza.
Consultado por Efe sobre los resultados del informe, el portavoz del Ministerio israelí de Asuntos Exteriores, Igal Palmor, respondió que “las restricciones existentes tienen como único objetivo impedir que hubiera atentados terroristas”, por lo que “las vidas humanas que se salvan valen mucho más que la cantidad mencionada por las ONG”.