“Desde la sociedad civil en general, tenemos el mandato y casi la obligación de ir y contar un relato alternativo a lo que va a ser el relato que va a plantear el Estado paraguayo en el examen. Ahí hay (por parte de las organizaciones de DDHH) una obligación muy importante de ir a mostrar datos de la realidad, que pinten lo que realmente está sucediendo y por qué no se están cumpliendo los compromisos”, dijo el abogado Hugo Valiente, coordinador del informe.
Un total de 33 temas de distintos ámbitos, como salud, educación, militarización de la seguridad interna, ambiente, falta de independencia judicial, crímenes contra periodistas, discriminación y otros, fueron presentados.
Fueron realizadas además 58 recomendaciones sobre las acciones que se deben concretar para avanzar hacia el cumplimiento pleno de los derechos humanos, que son de toda la ciudadanía.
Recordaron que el último examen se realizó en 2016, y el Estado paraguayo asumió cerca de 200 compromisos en materia de derechos humanos y muchos de ellos no fueron cumplidos, a pesar de que no conllevan gasto público, como por ejemplo, la ratificación de tratados.
Valiente señaló que el incumplimiento deliberado por parte del Estado solamente trae una imagen negativa del país, y, por sobre todo, afecta a la calidad de vida de la ciudadanía en general en sus derechos más básicos, entre otros.
Al informe se adjuntó otro material elaborado por las organizaciones que luchan por los derechos de los pueblos indígenas y la alimentación.